La organización Reporteros sin Fronteras denunció el incremento de los actos de violencia contra la prensa en Venezuela, en medio de una situación política muy tensa, luego que se le prohibió salir del país a la fiscal general, Luisa Ortega.
A 90 días de iniciado el movimiento en contra del presidente Nicolás Maduro, cinco personas fallecieron durante las protestas desarrolladas en las últimas 24 horas.
Algunos de ellos habrían participado en las manifestaciones, mientras que otros solo pasaban cerca del lugar de los hechos, elevando el número de decesos a más de 75.
“Reporteros sin Fronteras (RSF) reconoce el valor de los periodistas venezolanos que, en la adversidad y en medio de condiciones de seguridad deplorables, siguen realizando su trabajo informativo”, dijo Emmanuel Colombié, director del Despacho América Latina de RSF.
“La libertad de expresión y la libertad de prensa se encuentran en peligro en Venezuela”, señaló la organización la víspera con motivo del Día Nacional del Periodista en el país sudamericano.
“El gobierno de Nicolás Maduro debe dejar de obstaculizar el trabajo de la prensa en las manifestaciones y dejar de censurarla sistemáticamente, así como garantizar la seguridad de manifestantes y periodistas”, añadió.
De acuerdo con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), entre el 31 de marzo y el 24 de junio, 376 trabajadores de prensa han sido agredidos en 238 casos documentados, de los que las fuerzas de seguridad son responsables de 170.
La GNB (Guardia Nacional Bolivariana) es responsable del 60.5 por ciento de los casos de agresiones que tienen como victimarios a los organismos de seguridad del Estado. El SNTP contabiliza igualmente 33 detenciones ilegales de trabajadores de medios de comunicación.
Se registran también numerosos casos de periodistas agredidos por los manifestantes.
Por otra parte, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), cuyo director fue remplazado el 21 de junio pasado, sigue cerrando medios de comunicación.
Tan sólo en el año 2017, la Conatel ha hecho callar a más de 41 radios y canales de televisión en los estados gobernados por el partido de Nicolás Maduro, según datos del Ipys.
Este cierre de medios de comunicación, favorecido por el “estado de excepción y emergencia económica”, prolongado por el gobierno en mayo de 2017, se efectúa en medio de una gran opacidad y sin justificación.