El exmandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva dijo este viernes que está “ansioso” por declarar en la audiencia del 3 de mayo próximo ante el juez del caso Petrobras, en el que es sospechoso de participar en la trama de corrupción, lo que podría amenazar sus aspiraciones presidenciales.
“Estoy ansioso por esa declaración, porque es la primera oportunidad que voy a tener de poder saber cuál es la acusación que tienen contra mí y cuál es la prueba que tienen contra mí”, declaró el expresidente (2003-2010) en entrevista con la radio brasileña.
Lula, que lidera las encuestas para las elecciones presidenciales de 2018, está imputado en cinco causas diversas, tres de ellas por su supuesta participación en la trama de corrupción en la estatal Petrobras, revelada por la Operación Lava Jato.
El 3 de mayo próximo, el político brasileño deberá comparecer ante el juez Sergio Moro, impulsor de la Lava Jato y magistrado acusado por el Partido de los Trabajadores (PT) de Lula de llevar a cabo una persecución judicial contra el exmandatario y sus correligionarios.
“Quiero saber qué prueba efectiva tienen. Prueba significa documento, significa cosa escrita, significa cuenta bancaria”, señaló este viernes Lula, quien en varias ocasiones ha manifestado que es “víctima” de una persecución judicial en Brasil y llevó su caso al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
A pesar de los escándalos de corrupción que salpican a su partido y que, según los fiscales de la Operación Lava Jato, también le afectan a él y a miembros de su familia, Lula mantiene una gran popularidad en regiones pobres del país como el noreste, una de las áreas que mayor transformación social vivieron con sus programas sociales.
Bajo ese escenario, Lula es considerado uno de los candidatos más sólidos para la elección presidencial de 2018, según los últimos sondeos.
El cerco judicial, sin embargo, amenaza con dejarle fuera de la carrera presidencial para 2018, ya que la ley en Brasil –denominada “Ficha Limpia”- impide que los cargos de elección popular del Poder Ejecutivo sean disputados por sentenciados en segunda instancia en casos de corrupción.