El estado de Hawai será el primero en desafiar al nuevo veto migratorio anunciado esta semana por el presidente estadunidense Donald Trump y pedirá una orden de restricción temporal para la aplicación de las nuevas disposiciones.
Autoridades de ese estado dieron a conocer que este miércoles presentarán un recurso legal contra la medida que restringe la entrada a Estados Unidos a inmigrantes de seis naciones musulmanas.
Los documentos judiciales presentados en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos de Hawai las autoridades locales piden a un juez que apruebe un programa de información para una próxima moción sobre lo que es identificado como “prohibición musulmana 2.0”.
Hawai también demandó el 3 de febrero pasado contra la primera orden ejecutiva de Trump, que fue bloqueada por un juez federal en Seattle después de que el estado de Washington desafió la prohibición de inmigración.
La nueva orden que entra en vigor el 16 de marzo reduce los países afectados de siete a seis -Irak fue retirado de la lista- y retira una sección anterior que habría suspendido indefinidamente la admisión de los refugiados sirios.
La Fiscalía del Estado, en el que gobierna el Partido Demócrata, alega que el nuevo texto del presidente estadunidense mantiene los “mismos defectos constitucionales” que el anterior.
El consejero externo de Hawai, Neal Katyal, dijo el miércoles a la cadena MSNBC-TV que la nueva orden ejecutiva de Trump contradice el argumento anterior del presidente de que “si la prohibición fuera anunciada con una semana de aviso, los “malos correrían a nuestro país durante esa semana”.
Hawai ya había tratado de objetar el primer veto migratorio de Trump, pero el caso quedó en suspenso cuando la Justicia federal decretó la suspensión en todo el país del cierre de fronteras.
El procurador del estado de Hawai, Douglas Chin, solicitó que se programen audiencias informativas en el estado para conocer los alcances de las nuevas medidas a viajeros antes de que esta tome en efecto el 16 de marzo.
En su previa demanda Hawai acusó que el primer veto afectó de forma negativa a residentes, negocios y universidades y fue una flagrante violación constitucional además de discriminar a musulmanes y violar la protección de igualdad que garantiza la constitución.
Representantes del estado de Washington, así como otros estados que presentaron la demanda no habían decidido aun si podrían presentar una nueva querella contra la segunda versión del veto.