Un hombre acusado de violar y matar a una niña indígena de siete años en Colombia, en un caso que ha conmocionado al país desde diciembre pasado, fue condenado este miércoles a más de 51 años de cárcel.
En la lectura del fallo, se condenó al arquitecto Rafael Uribe Noguera, de 38 años, a “622 meses de prisión”, equivalentes a 51 años y 10 meses, y a pagar una multa de unos 25 mil dólares “como autor responsable de las conductas punibles de feminicidio agravado, acceso carnal violento agravado y secuestro simple agravado”.
El juzgado decidió además negar al hombre, quien fue puesto en prisión preventiva unos días después del asesinato de la niña ocurrido el 4 de diciembre de 2016, la posibilidad de optar a prisión domiciliaria o beneficiarse de suspensiones condicionales de la pena de cárcel.
“La sanción impuesta a Rafael Uribe Noguera debe reflejar el profundo repudio de toda una sociedad”, leyó la juez del caso poco antes de pronunciar la sentencia, sin que el condenado estuviera en la sala.
La sociedad “no puede permitirse el acaecimiento de futuros hechos de violencia si quiera cercanos a aquellos de los que fue víctima Y.A.S.M, como fue identificada la menor, y tampoco puede permitir que en su seno se produzcan circunstancias tan fuertemente lesivas de la libertad y la dignidad de las mujeres, niñas y adolescentes”, dijo.
Miembro de una adinerada familia de Bogotá, Uribe Noguera se llevó a la niña indígena de un humilde barrio en el este de la ciudad hasta un apartamento de su propiedad, donde fue encontrado el cadáver de la menor.
En una audiencia en enero, el hombre aceptó los hechos aunque también dijo “haber actuado bajo algún tipo de inconsciencia” por el consumo de drogas y alcohol, explicaciones que fueron desestimadas por el juzgado.
Según el texto de la sentencia, en el cuerpo de la niña se encontraron evidencias biológicas que apuntan definitivamente a la autoría de Uribe Noguera, no solo del asesinato sino también de la violación contra la menor para “la satisfacción de su apetito sexual”.
La pena máxima en Colombia, que solicitaba la Fiscalía, está fijada en 60 años de prisión. Tras el anuncio de la condena, tanto el ente acusador como la representación legal de los padres de la menor anunciaron que apelarán.