Un acuerdo firmado hoy entre el Gobierno de Espírito Santo, en el sudeste de Brasil, y asociaciones representantes de la Policía Militar abrió la puerta para poner fin a la crisis de seguridad que desató una ola de violencia con al menos 121 muertos.
Tras seis días de un auténtico caos en las calles de Vitoria, la capital regional, y otras ciudades del estado, las partes alcanzaron un pacto recogido en ocho puntos que debe terminar con la huelga iniciada por los agentes en protesta por las malas condiciones laborales y la falta de inversión en seguridad.
En el acuerdo está previsto que la huelga termine “a las 07:00 hora local” (09:00 horas) de este sábado, hora en la que “volverán a las actividades”, afirmó el secretario de Derechos Humanos de Espírito Santo, Julio César Pompeu, en una rueda de prensa.
Pompeu aseguró que los agentes que secundaron el paro “no sufrirán sanciones disciplinarias”.
No obstante, el secretario dejó en el aire la retirada total de los cargos presentados por el Gobierno contra unos 700 policías por delito de “revuelta”, cuya pena puede llegar a los 20 años de prisión.
“Aquellos que fueron presentados, ya están presentados y esas investigaciones van a seguir su curso normal”, apuntó Pompeu, con un tono más afable que anteriores comparecencias realizadas por miembros del mismo gabinete, quienes prefirieron optar por la vía de la mano dura.
Esa dureza en el discurso fue manifiesta también en las palabras del presidente Michel Temer, que se pronunció hoy por primera vez de la crisis en Espírito Santo, la que era hasta entonces una de las regiones con menor tasa de homicidios del país.
El mandatario expresó en una nota oficial su “condena” a la “paralización ilegal” de la Policía Militar y afirmó que el Gobierno actuará con todo el “rigor” para contenerlas, pues se trata de “comportamientos inaceptables”.