Las fuerzas de seguridad de Myanmar podrían ser responsables de genocidio contra la minoría musulmana de los rohinyá, dijo este martes el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, y añadió que más personas estaban huyendo a pesar del acuerdo entre los gobiernos birmano y bangladesí para instarlos a volver a sus hogares.
Zeid Ra’ad al-Hussein, alto comisionado de la ONU para Derechos Humanos, dijo que ninguno de los 626 mil rohinyá que han escapado de la violencia desde agosto debería ser repatriado a Myanmar a menos que exista una estricta monitorización en terreno.
El embajador birmano Htin Lynn dijo que el gobierno de su país estaba trabajando con Bangladés para completar el retorno de los desplazados en alrededor de dos meses, a fin de asegurarse de que “ya no existan campamentos”.
Zeid, que en el pasado ha dicho que la situación es “un caso típico de limpieza étnica”, se estaba dirigiendo a una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos de la ONU convocada por Bangladés, que tiene dificultades para alojar a los rohinyá que han escapado de la ola de violencia.
El comisionado mencionó “reportes concordantes de actos de una barbarie desastrosa cometidos contra los rohinyá, incluyendo muertes de personas quemadas vivas deliberadamente en sus casas, asesinatos de niños y adultos, tiroteos indiscriminados contra civiles que huían y extendidos casos de violaciones de niñas y mujeres, además de destrucción de casas, escuelas, mercados y mezquitas.
“¿Alguien, cualquier persona, puede descartar que existan elementos de un genocidio?”, dijo ante el foro compuesto por 47 estados miembros.
Convención de la ONU exige a todos los países tomar medidas para detener cualquier genocidio que se esté llevando a cabo y castigar a quienes sean responsables.
Shahriar Alam, alto funcionario de Asuntos Exteriores de Bangladés, dijo a la sesión en Ginebra que su país estaba alojando a casi 1 millón de “ciudadanos birmanos” luego de que se produjeran ejecuciones sumarias y violaciones “como una herramienta para seguir adelante con la persecución”.
Myanmar, un Estado de mayoría budista, niega que los musulmanes rohinyá sean ciudadanos birmanos y los trata como extranjeros.
Estos delitos han sido “perpetrados por efectivos de seguridad birmanos y observantes extremistas del budismo”, dijo Alam, que hizo un llamado a poner fin a lo que describió como un “discurso xenófobo que incluye a altos escalafones del Gobierno y las fuerzas armadas”.