La Comisión Europea (CE) inició este miércoles un proceso que podría privar a Polonia del derecho de voto en las decisiones comunitarias en represalia a la reforma del sistema de Justicia, que Bruselas considera un “claro riesgo de una grave violación del estado de derecho” en ese país.
Es la primera vez en la historia de la Unión Europea (UE) que se utiliza dicha medida.
“A pesar de los esfuerzos repetidos, durante casi dos años, para comprometer a las autoridades polacas en un diálogo constructivo, la CE concluyo este miércoles que existe un claro riesgo de una grave violación del estado de derecho en Polonia”, explicó el Ejecutivo comunitario en un comunicado.
Según el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, la situación “no solo no ha mejorado, sino que ha empeorado”, con el rechazo de las autoridades polacas a dialogar.
Desde que el ultranacionalista partido Ley y Justicia (PIS) llegó al poder en Polonia, a finales de 2015, Varsovia ha adoptado más de 13 leyes que afectan a toda la estructura del sistema de Justicia y permiten al gobierno nombrar y destituir a los jueces del Tribunal Supremo.
Como consecuencia de la reforma, casi 40 por ciento de los jueces de la Corte Suprema han sido forzados a jubilarse prematuramente y han sido sustituidos por personas nombradas por el presidente de la República.
Bruselas sostiene que la situación perjudica el “concepto de democracia europea” construido con base en las lecciones del pasado y impacta a toda la UE.
“En ausencia de independencia judicial, surgen serias dudas sobre la aplicación efectiva de la legislación de la UE, desde la protección de las inversiones hasta el reconocimiento mutuo de decisiones en áreas tan diversas como disputas por la custodia de los hijos o la ejecución de órdenes de detención europeas”, manifestó Bruselas.
Timmermans admite el derecho de Polonia de identificar su propio modelo para su sistema de Justicia, pero señala que “debería hacerlo de una manera que respete el estado de derecho”.
“Ello implica salvaguardar la independencia del poder judicial, la separación de poderes y la seguridad jurídica”, dijo.
En esa primera fase del procedimiento, el Consejo Europeo y el Parlamento Europeo (PE) están llamados a determinar si existe un “riesgo claro de violación grave” del estado de derecho en Polonia.
La decisión requiere el voto de 22 países de la UE, excluyendo Polonia, y de dos tercios de la Eurocámara.
El siguiente paso supondría constatar que existe una “violación grave y persistente” en el país investigado, lo que podría conducir a la imposición de sanciones, entre ellas la suspensión del derecho de voto.
El Ejecutivo dio a Polonia tres meses para corregir los problemas apuntados e informar al Consejo Europeo de las medidas adoptadas con ese fin. De ser así, se podría reconsiderar la recomendación publicada este miércoles.