La intervención del Estado español impidió la materialización de su ansiada República Catalana. Pero Carles Puigdemont no da la batalla por pérdida y desde Bélgica quiere volver a poner en aprietos a Madrid recuperando la presidencia catalana de la que fue destituido.
“La presidencia de Cataluña ni se decapita ni se cambia a conveniencia de Madrid”, advirtió en el último mitin de campaña de su candidatura, Juntos por Cataluña, creada a propósito para evitar la caída de su partido nacionalista tras las elecciones del jueves.
Cumplió su palabra de celebrar un referéndum de autodeterminación prohibido y también apoyó la declaración de secesión del parlamento regional, pero dos días después se trasladó a Bruselas desistiendo a pugnar por el poder con el gobierno español.
“La prensa contraria al independentismo lo describió como un cobarde. Pero Puigdemont si peca de algo es de temerario”, escribe su amigo Antoni Puigverd en el diario La Vanguardia.
Con su movimiento, este ex periodista de 54 años, coronado por una espesa mata de cabello castaño, trasladó el problema catalán al corazón de la Unión Europea y siguió alzando su voz contra Madrid y las instituciones europeas que apoyaron sin fisuras al gobierno español, mientras algunos compañeros de gabinete eran encarcelados.
Según Puigverd, “quiere dar un triple salto mortal: resucitar un partido muerto, restaurar la presidencia cesada y dejar en evidencia un Estado que tendrá que deponer de nuevo a un presidente democrático”.
El porqué de este empeño puede encontrarse en la biografía realizada por otro amigo, Carles Porta, en 2016, donde lo describe como un hombre “honesto y resiliente”, un independentista de toda la vida con el carácter de “un corredor de fondo”. Tiene “esta virtud (o defecto, ve a saber): es tozudo”.
Su convicción flaqueó un día antes de la declaración de independencia del 27 de octubre. Propuso a sus socios convocar elecciones en vez de proclamar la República, evitando así un choque frontal con Madrid, pero se echó atrás a última hora alegando que el gobierno español no ofreció garantías suficientes.
“Los suyos le estaban llamando traidor y no quería ser él quien defraudara a la patria”, explica una persona implicada en las mediaciones de última hora.
La declaración siguió adelante y el gobierno español intervino la región, privándola de facto de su autonomía por primera vez desde la dictadura de Francisco Franco.