La campaña proselitista para las elecciones de 335 alcaldes y un gobernador regional el 10 de diciembre arrancó este jueves en Venezuela, en medio de la molestia de la oposición sobre la convocatoria y dudas sobre la transparencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Los principales partidos de oposición rechazaron participar en las votaciones, alegando que el CNE no ofrece garantías de limpieza de los comicios, luego de lo ocurrido en las regionales del 15 de octubre.
La campaña electoral terminará el 7 de diciembre, horas antes de la apertura de los centros de votación.
La siguiente prueba después de esta serán las presidenciales de finales de 2018, cuando el gobernante Nicolás Maduro buscará una reelección.
Para las elecciones de los alcaldes están habilitados más 18 millones que escogerán entre cientos de candidatos a sus alcaldes.
La Asamblea Constituyente, que reclama tener poderes plenipotenciarios, adelantó que los ganadores deberán jurar ante ella para poder asumir sus cargos, un procedimiento avalado por el CNE.
Los partidos opositores Primero Justicia (PJ), Acción Democrática (AD) y Voluntad Popular (VP) rechazaron participar, tras denunciar una serie de irregularidades en los comicios de gobernadores de octubre.
En esas elecciones, el oficialismo ganó 18 de 23 gobernaciones y la oposición impugnó los resultados en al menos tres regiones, además de denunciar una serie de irregularidades.
Sin embargo, dirigentes de los principales partidos opositores se postularon, aunque sin el aval formal de PJ, AD o VP.
Ante la ausencia de los partidos más fuertes de la oposición, el chavismo tiene asegurado el triunfo. Maduro llamó a sus simpatizantes a ganar “todas” las alcaldías.
Con los alcaldes también se elegirá al gobernador de la región occidental de Zulia. Esta elección se repetirá, ya que el gobernador elegido en octubre, Juan Pablo Guanipa, fue despojado por negarse a reconocer a la Constituyente.
Por la oposición el principal candidato es Manuel Rosales, quien prometió jurar ante a Constituyente si gana la votación.
Según las normas de campaña, está prohibido difundir videos que desestimulen el derecho al voto o que critiquen a los órganos de los poderes públicos.