La justicia española dictó este jueves prisión provisional para ocho miembros del destituido gobierno catalán, sospechosos de sedición y rebelión, y pronto podría pedir a Bélgica la detención del presidente independentista Carles Puigdemont.
La juez Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, decidió enviar a la cárcel a ocho de los nueve miembros del ejecutivo cesado que acudieron este jueves a declarar a Madrid, entre ellos el vicepresidente Oriol Junqueras.
Sin embargo, dejó en libertad provisional bajo fianza de 50 mil euros al noveno, Santi Vila, que dimitió antes de la proclamación de la independencia el 27 de octubre.
“Todas las cuestiones humanitarias han sido totalmente ignoradas en la resolución, que estaba seguramente preparada o premeditada y que nosotros denunciaremos donde haga falta”, dijo el abogado de Junqueras y otros encausados, Andreu Van den Eynde.
El presidente independentista catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus ministros, todos destituidos, se encontraban en Bélgica y no fueron a Madrid a declarar por rebelión y sedición. El fiscal solicitó que se dicte una orden europea de captura contra ellos, sobre la que la juez Lamela se pronunciará este mismo jueves.
La fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó específicamente que las órdenes de detención se dirijan a las autoridades de Bélgica, donde “se encuentran o al menos han viajado” los concernidos, indicó el documento de la fiscalía.
El escrito alega que Puigdemont y los cuatro consejeros hicieron caso omiso a reiteradas citaciones y llamadas telefónicas.
En la Audiencia Nacional, un alto tribunal encargado de casos complejos, estaban citados los 14 miembros del gobierno catalán depuesto y, en el Tribunal Supremo, seis diputados catalanes, entre ellos la presidenta del parlamento que aprobó proclamar la independencia, Carme Forcadell.
El juez del Tribunal Supremo aceptó la solicitud de la defensa de aplazar hasta el 9 de noviembre la declaración de los seis diputados para preparar mejor su estrategia.
Si Puigdemont es finalmente detenido en Bélgica, sería objeto de un proceso de extradición que, dependiendo de su duración, podría hacer que no estuviera de regreso antes de las elecciones catalanas del 21 de diciembre.
Aunque estos comicios fueron convocados por el gobierno de Mariano Rajoy tras asumir el control de la administración catalana, los principales partidos independentistas aceptaron participar.