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La comunidad de El Pescado, enclavada en la vasta sierra de Coyuca de Catalán, Guerrero, ha pasado de la tranquilidad a la zozobra absoluta. El pasado 8 de julio de 2026, lo que era un hostigamiento constante se transformó en una jornada de terror que comenzó a las 5:30 de la mañana y se prolongó hasta las 8:00 de la noche. Javier Hernández, habitante y portavoz de la comunidad enfatizó que uno de los intereses por parte de los criminales en controlar la zona se debe a la riqueza de recursos naturales.
Durante ese tiempo, las familias de la localidad vivieron bajo el asedio de detonaciones de armas de grueso calibre y el impacto de entre 100 y 150 bombas lanzadas por drones, que destrozaron los techos de sus hogares y alcanzaron incluso la clínica donde se refugiaban niños y mujeres.
Hernández, habitante y portavoz de la comunidad, recordó cómo, tras un mes de denunciar el cerco impuesto por un grupo armado de la Familia Michoacana, la ayuda gubernamental nunca llegó a tiempo. Según relató, ante la indiferencia estatal, los pobladores se vieron obligados a organizarse entre sí para montar guardias de seguridad, ante el miedo constante de perder no solo sus hogares, sino sus vidas.
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Desestiman los reclamos oficiales
La indignación en El Pescado crece ante la postura oficial. Hernández denunció que funcionarios del Gobierno del Estado, específicamente el subsecretario Rodríguez Cisneros, desestimaron sus reclamos al calificar los videos que documentan la violencia como "montajes" o actos destinados a llamar la atención. Ante este escenario, el vocero lanzó una advertencia clara sobre la necesidad de medidas permanentes:
"No queremos tener que llamar la atención y pedir un grito de auxilio al Gobierno del Estado, ni al gobierno de Claudia Sheinbaum, cuando ya lleve un éxodo de personas desplazadas, dejando sus hogares, sus animales, lo poco que tengan o teniendo víctimas fatales que lamentar".
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Exigen acciones permanentes a las autoridades
Aunque la llegada de elementos de Sedena ha traído una calma temporal, los habitantes de El Pescado exigen acciones contundentes.
La comunidad insiste en que los patrullajes esporádicos no son suficientes; lo que realmente demandan es el establecimiento de bases permanentes y una persecución real a los agresores, para evitar que la violencia se convierta en una condena cíclica que los obligue a abandonar, una vez más, la tierra que los vio nacer.