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La relación diplomática y de seguridad entre México y Estados Unidos enfrenta un escenario de alta complejidad debido a una estrategia de acusaciones que apunta directamente a gobernantes de la llamada Cuarta Transformación.
En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, el doctor Eduardo Guerrero Gutiérrez, director de Lantia Intelligence y experto en temas de seguridad, analizó la reciente filtración de audios de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, describiéndola como una táctica agresiva por parte del FBI para forzar la entrega de información confidencial.
Venganza por el caso Rocha Moya y "tortura psicológica"
Para el director de Lantia Intelligence, la intercepción y difusión pública de estas comunicaciones es la respuesta de Washington frente a los límites impuestos por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum en materia judicial y de soberanía nacional.
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"A partir del tema de Rocha Moya y la negativa del gobierno mexicano a extraditarlo en los tiempos procesales que indicaba la ley, pues al parecer Estados Unidos ha respondido con dureza... Interceptar estas comunicaciones y luego difundirlas en medios de comunicación pues forma parte, Sheila, de una estrategia, yo diría, muy creativa de las autoridades estadounidenses para presionar al máximo a una autoridad política en México", puntualizó Guerrero Gutiérrez en MVS Noticias.
En el audio filtrado, se expone que intermediarios o asesores externos del FBI han sostenido tres reuniones previas con la mandataria estatal, las cuales calificaron de "improductivas". De acuerdo con el analista, el hecho de que la agencia le exija información sin precisarle exactamente qué pieza de datos buscan constituye "una especie como de tortura psicológica", diseñada para que la gobernadora caiga en la incertidumbre y termine entregando reportes de seguridad más detallados de lo necesario.
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La gravedad de entregar información fronteriza bajo las nuevas leyes de EU
Al ser un estado de la frontera norte, Baja California concentra información estratégica de alto interés para las agencias norteamericanas. Guerrero Gutiérrez precisó que los datos buscados podrían estar relacionados con cruces ilegales, tráfico de drogas o supuestos vínculos de personajes públicos con el crimen organizado.
El experto advirtió que la situación cobra una gravedad extrema debido a las normativas aprobadas en Washington desde hace más de un año, cuando se catalogó a diversos cárteles como organizaciones terroristas.
"Ahorita está muy penado que una política en funciones o incluso empresarios mexicanos entren en contacto con gente que esté vinculada con una organización terrorista. Digamos, las sanciones son mucho más severas de lo que antes implicaba tener relaciones con un criminal, aunque fuera del crimen organizado. Y pues sí es un asunto muy delicado", explicó.
Un juego sucio que terminará por romper la cooperación
A pesar de que el gobierno de los Estados Unidos podría dosificar más material de este tipo para usarlo como arma política conforme se acerque el factor electoral de noviembre, el titular de Lantia Intelligence enfatizó que estas dinámicas clandestinas deteriorarán de forma irreversible la confianza binacional.
"A mí se me hace que esto va a terminar mal, que la comunicación se va a terminar bloqueando entre ambos bandos, porque aparte imagínate qué ganas va a tener la gobernadora de hablar una siguiente ocasión cuando ella ya sabe que hay dos comunicaciones que han sido filtradas y que se están utilizando para atizarle leña al fuego", concluyó el analista.
Finalmente, Guerrero apuntó que la gobernadora deja entrever en los materiales que ni siquiera tiene certeza de si interactúa con autoridades formales, lo que abre la puerta a que esté siendo engañada y a que las instituciones mexicanas replieguen sus canales de cooperación ante el riesgo latente de espionaje.