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La reciente detención de comunicadores en San Luis Potosí ha puesto en el centro de la polémica a la denominada Ley IA, una normativa que, según activistas y voces críticas, está siendo utilizada como una herramienta para silenciar el periodismo independiente y perseguir a opositores bajo el argumento de combatir el uso indebido de la inteligencia artificial.
La periodista Anahí Torres, una de las afectadas por esta medida, denunció la vulnerabilidad en la que se encuentran los comunicadores locales. "Estoy denunciada penalmente por el Gobierno del Estado", afirmó Torres, al detallar cómo el proceso judicial se aceleró de manera inusual tras la publicación de contenidos críticos. Según la periodista, la rapidez de la Fiscalía fue alarmante: "Fue tan rápida la justicia para la senadora, que en menos de 10 días se interpone la denuncia y ya están ellas detenidas".
Torres enfatizó que no se trata de un conflicto entre particulares, sino de un acto de censura institucional. "Es un gran vacío, es un silencio ensordecedor aquí en San Luis Potosí de lo que ocurre porque justamente lo que no quieren es manchar la imagen y el prestigio de la senadora", agregó. A pesar de que dos periodistas ya recuperaron su libertad, la situación sigue siendo tensa. "Te agradezco, solamente Luis si me lo permites recordar que todavía tenemos a Cristian Herrera detenido, no ha salido libre", advirtió.
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El PAN y la crítica al enfoque punitivo
Por su parte, Rubén Guajardo, coordinador de los diputados del PAN en San Luis Potosí, reafirmó la postura de su partido contra esta reforma. Guajardo sostiene que el principal error radica en la rapidez del proceso legislativo y en el carácter penal de la ley. "Estamos convencidos desde el PAN, Luis, que no puede ser desde el tema punitivo, ¿por qué? Pues como sabemos existe la prisión preventiva, entonces en lo que se investiga el delito, si eres culpable o no, pues vas para adentro", señaló.
El legislador panista insistió en que, aunque la regulación tecnológica es necesaria, el contexto político actual de San Luis Potosí permite que estas leyes se conviertan en instrumentos de control. "La iniciativa se presentó, no sé, un lunes y a los 15 días ya estaba publicada en el periódico oficial", detalló Guajardo, subrayando la falta de foros de análisis previos a su aprobación.
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Un clima de inseguridad para la prensa
El caso ha trascendido las fronteras estatales, activando al Mecanismo Federal de Protección a Periodistas. Anahí Torres concluyó la entrevista con una advertencia sobre el futuro inmediato: "Creo que es un tema súper importante que la Suprema Corte ponga especial atención en esta acción de inconstitucionalidad, porque si no, nos viene un año bastante sangriento de aquí hasta las elecciones". La lucha contra la Ley IA continúa, mientras el gremio periodístico en San Luis Potosí exige garantías para ejercer su labor sin miedo a represalias estatales.