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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Anahí Torres, periodista independiente potosina y dueña de los medios digitales www.enprimerasanluis.mx y Potosilandia, mencionó el tema de por qué liberan a periodistas de SLP encarceladas bajo efectos de la ‘Ley Serrano’, que castiga el uso indebido de la inteligencia artificial.
En San Luis Potosí, una reciente reforma legal que castiga el uso indebido de la Inteligencia Artificial (IA) ha desatado una controversia nacional tras la detención de comunicadores.
Penas de cárcel y detenciones exprés
Las reformas a los artículos 187 TER, 272 bis y 272 ter del Código Penal estatal imponen penas de 1 a 8 años de prisión a quienes creen, difundan o compartan contenidos generados con IA que atenten contra la moral de una persona. De acuerdo con Torres, el pasado 21 de mayo se giraron órdenes de aprehensión contra ella y otras diez personas, lo que derivó en la detención de tres comunicadores.
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Sobre la aplicación de esta norma, Torres destacó: "Hasta ahí, pues todo pintaba como no tan malo, hasta que lo utilizan los propios políticos y funcionarios en contra de medios de comunicación, voces críticas y activistas".
Las dos caras de la moneda: Seguridad vs. Libertad de Expresión
Desde la perspectiva de los impulsores de la ley, la legislación busca evitar la suplantación de identidad y la generación de alarma social. Como ejemplo, el gobierno del estado interpuso una denuncia a raíz de un video generado con IA que simulaba un mensaje del Cártel Jalisco Nueva Generación dirigido al gobernador Ricardo Gallardo Cardona.
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Otra de las denuncias clave fue promovida por la senadora Rut González Silva, esposa del actual gobernador, lo que según Torres evidencia una estrategia para silenciar voces incómodas rumbo a las elecciones de 2027.
La periodista denunció una justicia selectiva y expedita para la legisladora, señalando que "no hubo peritajes, no hubo una investigación de fondo", logrando detenciones en apenas 10 días.
Aunque las dos mujeres detenidas ya fueron liberadas bajo un acuerdo procesal alterno tras una fuerte presión mediática, la controversia legal y de derechos humanos continúa.
Torres reveló que sus compañeras enfrentaron condiciones precarias en prisión y ahora enfrentan restricciones estrictas: "Están siendo amenazadas y presionadas para no hablar... tienen que pedir una disculpa a la senadora porque pues están causando un daño en su carrera política". El caso sigue abierto, marcando un precedente crítico sobre los límites de la regulación tecnológica en México.