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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Javier Martín Reyes, investigador de la UNAM y del Instituto Baker, habló sobre publican en el DOF la Reforma Judicial 2.0, la nulidad de elecciones por injerencia extranjera y la comisión en el INE para revisar candidaturas.
Aunque la modificación fue presentada principalmente como un ajuste para evitar el empalme con las elecciones de 2027, el especialista advierte que la estructura de fondo no soluciona la crisis y mantiene un sistema judicial vulnerable y políticamente subordinado.
El núcleo intacto y la concentración del poder Desde una perspectiva analítica, Reyes señala que el mayor problema de la reforma es precisamente lo que no se modificó: el modelo de elección por voto popular. "Es una muy mala idea que los equipos de fútbol elijan, o las porras elijan a quién va a ser el árbitro del partido", afirmó el investigador.
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Además, advierte una preocupante concentración de poder estatal para decidir quién accede a las boletas, destacando la creación de un comité coordinador compuesto por tan solo tres personas, quienes tendrán la facultad de emitir lineamientos y actuar como el primer filtro de elegibilidad.
El Tribunal de Disciplina: ¿Juez y parte?
Un ángulo crítico abordado en la conversación es el nuevo rol del Tribunal de Disciplina Judicial. Este órgano mantendrá sus funciones de evaluación y sanción, pero la reforma ahora le otorga labores de capacitación en coordinación con la Escuela Nacional de Formación Judicial. "Esto es como si le pidiéramos a la Santa Inquisición que se ponga a dar clases de catecismo", sentenció Reyes, sugiriendo que el objetivo podría ser amedrentar a las personas juzgadoras desde su formación.
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Asimismo, el experto alertó que el nuevo documento refuerza el centralismo, asfixiando la innovación local y obligando a entidades como Querétaro, Jalisco y Nuevo León a someterse íntegramente a las modalidades federales.
Las cifras, la logística y las "luces" de la reforma
El análisis también arrojó puntos a favor. El experto reconoció el acierto logístico de aplazar las elecciones de 2027 a 2028. Como funcionario de casilla en la pasada elección judicial, Reyes recordó el caos organizativo: con apenas un 11% de participación, los ciudadanos tardaban entre 30 y 40 minutos intentando descifrar el voto.
Otro aspecto positivo es el regreso de las salas de la Suprema Corte de Justicia, ahora bajo el nombre de "secciones", lo que permitirá resolver asuntos con mayor rapidez.
En cuanto al diseño de las boletas, se redujo el límite de candidatos por cargo en la Corte de nueve a seis, bajando el máximo de nombres de 81 a 54; sin embargo, esto sigue siendo poco práctico para el votante. Inexplicablemente, aunque se aplazó la elección de 2027 por ser inoperable, se mantuvo la concurrencia para los años 2030, 2033 y 2036.
A modo de balance, la perspectiva de Martín Reyes dibuja un panorama donde los ajustes resultan marginales frente al problema estructural. "Esto es como si tuviéramos una herida profunda que ameritaba una intervención mayor [...] y le estamos poniendo unas curitas", concluyó en los micrófonos de MVS Noticias.