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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, Adela Navarro, directora general del Semanario Z, reveló que fuentes del Departamento de Estado de los Estados Unidos confirmaron que las visas de los gobernadores Américo Villarreal (Tamaulipas) y Alfonso Durazo (Sonora) han sido oficialmente revocadas en el sistema migratorio estadounidense.
Hechos: Visas canceladas en el sistema, pero con documentos físicos
A pesar de que ambos mandatarios estatales han negado públicamente los señalamientos —derivados inicialmente de un reportaje de Steve Fisher en el Los Angeles Times—, la investigación periodística de Semanario Z sostiene que el estatus legal de sus documentos ha cambiado.
"Nuestras fuentes en el Departamento de Estado nos confirmaron que las visas de Américo Villarreal y de Alfonso Durazo estaban en el sistema revocadas, o sea, canceladas, anuladas", explicó Adela Navarro. La periodista precisó que los gobernadores podrían aún conservar el "documento plástico", pero este ya no es válido para ingresar a territorio estadounidense.
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Según la información obtenida, Villarreal no habría intentado cruzar la frontera desde aproximadamente el año 2024, razón por la cual el documento no le ha sido retirado físicamente en una garita.
Gobernadores sin visa en México: Cifras y contexto del caso
Con esta confirmación, la lista de mandatarios estatales mexicanos que han perdido su permiso de entrada a los Estados Unidos asciende a cuatro, todos pertenecientes a las filas de Morena:
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- Marina del Pilar Ávila (Baja California).
- Rubén Rocha Moya (Sinaloa).
- Alfonso Durazo (Sonora).
- Américo Villarreal (Tamaulipas).
Además, se destacó que estos casos no son aislados. Existe una lista de aproximadamente 50 políticos y funcionarios mexicanos, en su mayoría ligados al partido oficial, a quienes se les habría revocado la visa, según reportes de la agencia Reuters. En el ámbito local de Baja California, la situación se extiende a dos alcaldes (Mexicali y San Felipe), un diputado estatal y una diputada federal.
Perspectivas: Entre la legalidad y la diplomacia
Desde el ángulo oficialista, se argumenta que no es un requisito legal contar con una visa para gobernar en México. Sin embargo, Navarro enfatiza la relevancia de estos documentos para la gestión de temas binacionales cruciales en los estados fronterizos, que van más allá de la seguridad y el combate al crimen organizado, abarcando relaciones académicas, culturales y de negocios.
"El hecho de que el gobierno de un país los declare prácticamente personas no gratas o les retire el documento migratorio ya los exhibe como personas que están bajo una investigación", señaló Navarro.
Mientras que el caso de Rubén Rocha ya cuenta con una imputación en una corte de Nueva York, las etapas de las investigaciones que involucran a los otros tres gobernadores aún no son públicas, aunque se anticipa que podrían conocerse próximamente.
Caso Durazo y Villareal: El fuerte impacto en la opinión pública
La opacidad ha marcado la mayoría de estos casos. A excepción de la gobernadora de Baja California, quien informó a su estado sobre la revocación tras recibir una notificación consular, el resto de los funcionarios ha optado por el silencio o la negación rotunda.
De acuerdo con el análisis presentado por Adela Navarro, esta situación coloca a los funcionarios en una posición de sospecha ante la opinión pública, en un contexto donde la impunidad en México suele proteger a figuras políticas de investigaciones locales. Por ahora, los gobernadores de Sonora y Tamaulipas mantienen su postura de que sus documentos siguen vigentes, a pesar de la información que ya circula en los sistemas del gobierno de los Estados Unidos.