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La reciente contratación del estratega político estadounidense Roger Stone por parte del Gobierno de San Luis Potosí, encabezado por Ricardo Gallardo Cardona, ha desatado una ola de cuestionamientos sobre la verdadera naturaleza de estos servicios. Aunque el discurso oficial defiende la legalidad de la operación, expertos señalan que el perfil de Stone no coincide con los objetivos de promoción comercial y minera que se argumentan.
En entrevista para MVS Noticias, Salvador Mejía, especialista en prevención de lavado de dinero, analizó junto a Ana Francisca Vega las inconsistencias detrás del contrato entre la administración de Gallardo y el controvertido lobista estadounidense.
El especialista destacó que, si esta operación se realizara en México entre particulares, difícilmente podría acreditarse la “materialidad de los servicios” ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Stone, conocido por ser un cercano aliado de Donald Trump, fue declarado culpable de mentir al Congreso de Estados Unidos y evitó la prisión únicamente gracias a un perdón presidencial.
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"Roger Stone se dedica a muchas cosas muy complejas, como sacar de la cárcel a un expresidente por cargos de narcotráfico... no se dedica a promocionar la minería", señaló Mejía, haciendo referencia al trabajo de Stone para el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Según el especialista, existen firmas especializadas en Washington con altas credenciales técnicas para la atracción de inversiones que no fueron consideradas.
¿Por qué el supuesto contrato de Roger Stone desata polémica
El monto mencionado en el debate asciende a aproximadamente 750 mil dólares, una cifra que Mejía considera injustificada para alguien que carece de experiencia en el sector legislativo o cámaras empresariales norteamericanas.
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La sospecha de los analistas apunta a que esta contratación podría ser una medida preventiva ante posibles investigaciones criminales en Estados Unidos. Mejía vinculó este hecho con columnas de opinión publicadas por Carlos Loret de Mola y Héctor de Mauleón, quienes señalan que integrantes del Partido Verde podrían estar bajo la lupa de autoridades estadounidenses.
"Yo no puedo ver todo eso sin decir que contratar a una persona que tiene la gran facultad de tocarle la puerta al presidente Trump... tiene que ver con empezar a pavimentar el suelo por si acaso al gobernador de San Luis Potosí le avientan una investigación", afirmó el socio de Asimetric.
El patrón de los gobernadores: San Luis Potosí y Baja California
El caso de Gallardo no es único. Mejía comparó la situación con la de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, quien contrató a Michael Brian Adler, un experto en crimen financiero, supuestamente para temas relacionados con una visa.
En ambos casos, surge la misma interrogante: ¿Por qué los gobiernos estatales contratan a especialistas en temas judiciales y de lobby político de alto nivel para tareas que oficialmente son administrativas o comerciales?.
Desde la perspectiva del cumplimiento (compliance), una empresa privada difícilmente contrataría a alguien con los antecedentes de Roger Stone debido a los rigurosos procesos de debida diligencia y las cláusulas de investigación de antecedentes que exigen las corporaciones norteamericanas.
"El gobierno del estado le está soltando dinero a un lobista que está libre solamente porque obtuvo el perdón presidencial y que no se dedica a lo para lo que fue contratado", sentenció Mejía.
Ricardo Gallardo desmiente millonario pago a Roger Stone
El escándalo en torno al presunto acuerdo de 750,000 dólares con Roger Stone y su socia, Diana London, escaló en confrontación política. Mientras críticos como Mejía sentencian que se le está "soltando dinero público a un lobista" que no cumple la función para la que fue requerido, el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo, atajó la polémica de manera tajante en sus redes sociales, calificando como "completamente falso" que su administración mantenga un contrato firmado con alguna firma estadounidense o con el propio estratega político.
A pesar de este desmentido, la incógnita sobre los procesos de decisión y los verdaderos nexos con el polémico asesor de Donald Trump permanece abierta en el debate público.