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La disidencia magisterial presiona por una reforma radical a su sistema de jubilación, pero los datos revelan un panorama económico alarmante para México.
Las demandas de la CNTE frente a la tendencia global
El magisterio exige la eliminación de la Ley del ISSSTE de 2007 para transitar de cuentas individuales a un sistema solidario, jubilarse con el 100% de su salario actual y reducir la edad de retiro. Sin embargo, Mariana Campos, directora general de México Evalúa, explicó en entrevista con Ana Francisca Vega que estas peticiones van en sentido opuesto a las prácticas internacionales.
Debido al envejecimiento poblacional, los países con mejor salud fiscal están aumentando la edad de jubilación y eliminando los sistemas solidarios para mitigar riesgos financieros.
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"Las personas se jubilan con un menor monto de su salario [...] y existen a veces fórmulas para calcular salario promedio, pero no el 100%", detalló la experta en los micrófonos de MVS.
El asfixiante costo fiscal de las pensiones
Las cifras del gasto público revelan una situación crítica. México destina 10 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) únicamente al pago de pensiones actuales y al costo financiero gubernamental, cuando el 9% del PIB que el país invierte en conjunto para educación, salud, estado de derecho e infraestructura física.
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A esto se suma que más de 800,000 maestros del esquema pre-2007 ya tienen garantizada una jubilación anticipada, lo que representa una enorme carga para las finanzas públicas.
"Las finanzas públicas están pasando aceite. Estamos en un momento históricamente delicado [...] no existe un espacio fiscal para poder hacer frente a esta demanda", advirtió Campos.
Riesgo país y advertencia presidencial
Desde una perspectiva económica, ceder ante las exigencias del magisterio representaría un peligro mayor. El gobierno federal requiere reducir su déficit en un 1.8% del PIB para mantener el grado de inversión del país. Ceder a estas presiones iría en la dirección opuesta. Incluso la presidenta Sheinbaum ha reconocido que la exigencia es financieramente inviable por la absoluta falta de margen presupuestario.
Aprobar estas demandas sin un estudio de impacto presupuestario violaría la Ley de Responsabilidad Hacendaria y abriría una peligrosa "caja de Pandora", incentivando a otros gremios a exigir condiciones simialres e insostenibles.
Como subrayó contundentemente Mariana Campos: "El problema es político y fue una propuesta, en mi opinión, inviable [...] El gobierno está dejando de tener conversaciones importantísimas en el ámbito fiscal y el reloj está sonando".
Con instituciones como Pemex y CFE recortando compromisos pensionarios de forma unilateral, y con múltiples sistemas estatales en desorden, la reestructuración de las finanzas se vuelve una tarea urgente antes de que estallen nuevos conflictos de gobernabilidad