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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Norma Solano, Comisionada Presidenta de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, habló sobre que se acaba el tiempo para el registro de líneas telefónicas.
A medida que se acerca la fecha límite del 30 de junio, millones de usuarios de telefonía móvil de prepago en México enfrentan el requerimiento gubernamental de vincular su línea con su nombre y CURP.
Avance del registro: 70 millones de líneas en riesgo de suspensión
Hasta la fecha, se han registrado 52.4 millones de líneas, cifra que ya contempla a los usuarios de postpago o planes de renta. Sin embargo, restan aproximadamente 70 millones de chips por vincular.
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A partir del 1 de julio, las líneas no registradas sufrirán la deshabilitación de sus servicios, aunque mantendrán habilitadas las llamadas de emergencia al 911 y la recepción de la alerta sísmica.
El argumento oficial: Combatir el anonimato
La Comisión Reguladora subraya que, antes del 9 de enero, el país contaba con 121 millones de líneas telefónicas anónimas, dejando un amplio margen para el fraude y el robo de identidad.
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“Esta política es para eliminar el anonimato y cerrar todos los espacios para que los delincuentes puedan cometer un delito y ante la comisión de un delito que la autoridad de investigación tenga los elementos justamente para integrar una carpeta de investigación”, aseguró Solano. Asimismo, la funcionaria aclaró que no se exigen datos biométricos y que la información es resguardada por las propias compañías telefónicas, no por el gobierno.
La postura crítica: Impunidad y nuevas tecnologías
A pesar de las intenciones oficiales, la efectividad de la medida se encuentra en el centro del debate. La periodista Pamela Cerdeira cuestionó severamente la viabilidad del registro ante un sistema judicial e investigativo rebasado.
“Ningún delincuente va a usar un teléfono registrado a su nombre para delinquir”, advirtió Cerdeira, señalando que la extorsión moderna ha evolucionado, utilizando herramientas de inteligencia artificial y números telefónicos de otros continentes. Además, cuestionó la proporcionalidad de la medida al exigir los datos de millones de ciudadanos inocentes para perseguir a una minoría delictiva.
Contexto internacional y estrategias complementarias
Ante los cuestionamientos, Norma Solano admitió que esta política no es una solución mágica por sí sola.
“El registro de líneas solo no va a terminar con el delito de extorsión y otros. Es una medida de varias. Por ejemplo, el bloqueo de señales en reclusorios es otra medida que además se está implementando”, puntualizó la comisionada.
Finalmente, Solano defendió la tendencia global de la política, destacando que 160 países ya exigen el registro de chips, y que naciones como Estados Unidos han iniciado consultas públicas para implementar regulaciones similares con el objetivo principal de frenar el fraude y la extorsión.