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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Roberto Gil Zuarth, abogado y analista político, habló sobre la visita de Maru Campos a la FGR en CDMX para denunciar presunta persecución política y judicial en su contra.
En medio de un clima de alta tensión política nacional, la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, acudió a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR) en la capital del país para responder a un citatorio emitido el pasado fin de semana.
Este acto legal ha levantado fuertes cuestionamientos por sus aparentes irregularidades y ha abierto un debate sobre los límites de la jurisdicción federal.
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El polémico citatorio de la FGR y sus irregularidades
El citatorio original presentaba inconsistencias al señalar dos sedes distintas para desahogar la diligencia: Ciudad Juárez y la Ciudad de México. Además, Campos fue llamada bajo la figura de testigo, pero con la advertencia expresa de que su situación jurídica podría cambiar repentinamente a imputada.
Ante esto, la defensa presentó documentos simultáneos en ambas ciudades, ofreciendo colaboración institucional pero rechazando una comparecencia a ciegas.
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El abogado de la gobernadora enfatizó la ambigüedad del proceso: "No puede ser llamada a un procedimiento de naturaleza penal, no puede ser llamada sin una mínima referencia a lo que indaga el Ministerio Público".
¿Estrategia para "empatar" la crisis de Sinaloa?
La defensa sostiene que el requerimiento va más allá de un procedimiento de rutina. Se argumenta que las acciones de la FGR tienen tintes de persecución política y buscan equilibrar el desgaste por la crisis legal que atraviesa el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha.
Sobre este ángulo, Gil Zuarth denunció tajantemente que el propósito es "crear una percepción de que Sinaloa es lo mismo que Chihuahua". Asimismo, sentenció que detrás de una "supuestamente inocua entrevista [...] se estaba tratando de crear una situación preimputativa en su contra".
Tras un breve encuentro con representantes de la FGR, la defensa dejó claro que el gobierno de Chihuahua no negará información. No obstante, exigirán que cualquier indagatoria se realice respetando la investidura estatal y las vías formales entre autoridades, sin necesidad de recurrir a tácticas de "hostigamiento".