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En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, Claudia de Buen, abogada y mediadora, expresidenta de la Barra Mexicana de Abogados habló del caso de Rocha Moya y coacusados.
Interpol: ¿la pieza que faltaba en el rompecabezas judicial?
La activación de la Interpol en este caso, de acuerdo con la abogada responde a la existencia de una solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense.
De esta forma, el proceso se encamina hacia la colaboración necesaria con la policía internacional para lograr la detención de estas personas.
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"La Interpol entra porque existe una solicitud de extradición por parte del gobierno de los Estados Unidos y claramente se tiene que apoyar en la policía internacional para lograr la detención de esta persona", aseguró la abogada.
Este procedimiento corresponde principalmente a la Fiscalía General de la República (FGR), debido a que, al tratarse de supuestos delitos de narcotráfico, la fiscalía tiene la obligación de perseguirlos de oficio, al ser un delito federal con características que hacen necesario actuar en el momento en que existen indicios, sobre todo si están involucrados servidores públicos.
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Soberanía y el "juego" de las autoridades
El debate sobre la posibilidad de que Estados Unidos detenga a estos personajes en territorio mexicano ha sido constante. Según Claudia de Buen, las autoridades mexicanas se enfrentan a un complejo escenario donde la cooperación es fundamental, pero siempre bajo el marco de los acuerdos internacionales.
"Yo creo que esto es un juego de la presidenta, que no puede entregar a Rocha Moya porque es parte de este grupo élite de la 4T", afirmó la entrevistada, destacando la tensión existente entre las acciones judiciales y el entorno político.
Asimismo, las "fichas rojas" de la Interpol actúan como una forma de avisar a la ciudadanía que el control sobre la conducción de este asunto ya no reside únicamente en manos del gobierno mexicano, sino que ha pasado a formar parte de la colaboración con organismos internacionales.
Por otro lado, la situación del senador Enrique Inzunza, quien también ha sido señalado en el marco de estas acusaciones, presenta una arista diferente debido a su fuero constitucional. A pesar de las acusaciones claras y contundentes en su contra, su estatus jurídico le brinda una protección que dificulta cualquier acción inmediata por parte de las autoridades, sin importar la intervención de la Interpol.