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En entrevista con Sheila Amador, para MVS Noticias, Ricardo Beltrán Verduzco, presidente de la Alianza Mexicana de Abogados habló del caso de Rubén Rocha Moya.
La crisis de violencia en Sinaloa suma un nuevo capítulo tras la denuncia formal presentada por la Alianza Mexicana de Abogados contra el gobernador Rubén Rocha Moya. De acuerdo con el presidente de la organización, Ricardo Beltrán Verduzco, existen elementos que apuntan a una presunta relación del mandatario con grupos del crimen organizado.
En entrevista, el litigante explicó que la denuncia fue interpuesta el pasado 17 de febrero ante la Fiscalía General de la República, tras un “análisis exhaustivo” de los acontecimientos en la entidad.
“Desde que reconoció públicamente que debía dialogar con grupos fácticos para gobernar, lo convirtió en parte de la delincuencia organizada”, afirmó Beltrán Verduzco.
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Acusan “cogobierno” y escalada de violencia en Sinaloa
Según la denuncia, el origen de la actual crisis de inseguridad en Sinaloa estaría ligado a acuerdos políticos con estructuras criminales. El abogado sostuvo que, tras asumir el poder, se consolidó un “cogobierno con poderes fácticos” que derivó en violencia generalizada.
“Empoderado el señor, empezó a reflejarse su poderío atacando adversarios políticos y permitiendo que grupos criminales se apoderaran del estado”, señaló.
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El contexto descrito incluye hechos como el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda, ocurrido en medio de versiones contradictorias. De acuerdo con el denunciante, la versión oficial habría sido un “montaje” para encubrir lo sucedido en una presunta reunión donde también estaría involucrado Ismael Zambada García.
Carpeta sin avances y señalamientos internacionales
A más de dos meses de presentada la denuncia, los abogados aseguran que no hay avances sustanciales en la investigación.
“Ahí está la carpeta, no nos han informado absolutamente nada”, acusó Beltrán Verduzco.
El caso cobra mayor relevancia luego de que autoridades de Estados Unidos habrían emitido solicitudes relacionadas con investigaciones similares, incluyendo órdenes de detención contra diversos funcionarios.
Para el abogado, existe un patrón de omisión institucional:
“Vemos un gran proteccionismo… no han atendido ni siquiera requerimientos internacionales”.
Impacto social: violencia, desapariciones y crisis económica
El señalamiento ocurre en medio de una crisis de seguridad que, según cifras referidas por la organización, ha dejado más de 3 mil personas asesinadas, miles de desaparecidos y una afectación directa a la economía local.
“Hemos perdido la paz, la tranquilidad y la armonía en Sinaloa”, lamentó el litigante.
Además, reportó cierre de negocios, pérdida de empleos y desplazamiento de comunidades enteras, lo que refleja un deterioro estructural en la entidad.
Exigen respuesta institucional y seguimiento al caso
La Alianza Mexicana de Abogados adelantó que insistirá en obtener respuesta de la FGR y dará seguimiento puntual al caso.
“Esto que hoy vemos confirma que había elementos suficientes desde entonces”, afirmó.
El desarrollo de esta denuncia podría escalar en el ámbito político y judicial, en un contexto donde la seguridad y la rendición de cuentas se mantienen como temas prioritarios en la agenda nacional.