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En entrevista con Luis Cárdenas, para MVS Noticias, platicamos con Santiago Corcuera, expresidente del Comité de Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), y María Dolores González Saravia, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), sobre la desaparición forzada en México y la resolución del organismo internacional de elevar el caso ante la Asamblea General.
Mientras Corcuera advirtió que el Estado respondió con "papeles y protocolos" ante una realidad que ya alcanza las 40 desapariciones diarias, González Saravia llamó a una reflexión profunda sobre la responsabilidad de las autoridades en este fenómeno.
El recurso de la Asamblea General ante la falta de avances
Santiago Corcuera explicó que el Comité de la ONU decidió aplicar el artículo 34 de su reglamento, un "último recurso" ante la falta de resultados positivos en la práctica. Según el experto, desde 2012 se identificó un patrón de desapariciones generalizadas, pero en las últimas evaluaciones el organismo concluyó que el ritmo de la violencia no cede y la impunidad es "casi absoluta".
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El expresidente del comité señaló que el llamado a la Asamblea General no es una condena ni una sentencia penal, sino un pedido de auxilio para establecer mecanismos extraordinarios de búsqueda, justicia e identificación humana. Corcuera lamentó que el Gobierno mexicano tomó esta solicitud de ayuda como un "ataque injerencista" en lugar de verla como una oportunidad de oro para obtener recursos y tecnología internacional.
La definición jurídica: ¿Qué es la desaparición forzada hoy?
Uno de los puntos centrales de la discusión en el espacio de Luis Cárdenas fue la definición actual del delito. Santiago Corcuera aclaró que la desaparición forzada en México no requiere una finalidad de represión política como en las dictaduras del siglo XX; basta con la participación, autorización, apoyo o "aquiescencia" de cualquier agente del Estado.
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En este sentido, María Dolores González Saravia coincidió en que la figura se actualiza cuando servidores públicos —ya sean policías municipales, militares o alcaldes— coadyuvan con el crimen organizado o simplemente permiten que las desapariciones ocurran. Esta red de protección y las estructuras criminales infiltradas son las que interpelan directamente la responsabilidad del Estado para romper los círculos de desprotección.
??????Foto: Cuartoscuro
Una oportunidad para el diálogo y la cooperación
La presidenta de la CDHCM, González Saravia, marcó una postura independiente al señalar que el informe de la ONU debe ser visto como un punto de partida para un diálogo que involucre a todos los actores y responda a la exigencia legítima de las familias. A diferencia del rechazo oficial, consideró que la asistencia técnica de la ONU ha sido constante, solidaria y necesaria durante décadas.
Por su parte, Corcuera hizo un llamado a las autoridades para reconocer la magnitud del problema y dejar de lado las discusiones jurídicas "improductivas" sobre el término de aquiescencia. Ambos expertos coincidieron en que la presión de las víctimas fue el motor de esta resolución internacional, la cual representa la mejor vía para enfrentar la crisis de la desaparición forzada en México.