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En entrevista para MVS Noticias con Ana Francisca Vega, el abogado penalista Gabriel Regino compartió su análisis sobre la sacudida jurídica y política que enfrenta México tras la formalización de una solicitud de detención con fines de extradición por parte de los Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve funcionarios y exfuncionarios.
Al respecto, Regino detalló que, aunque el expediente ya se encuentra en territorio mexicano, el proceso ha sido frenado por las autoridades federales; un escenario inédito que no solo coloca bajo la lupa posibles nexos operativos con grupos delictivos, sino que marca un punto de inflexión crítico en la relación bilateral en materia de justicia y seguridad.
¿Por qué está frenada la orden de captura contra Rocha Moya?
De acuerdo con Regino, el documento conocido como warrant (orden de arresto) llegó a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) el pasado 28 de abril. Tras verificar las formalidades, traducción al español y firmas correspondientes, la SRE turnó el expediente a la Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy.
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"La FGR ya la metió al congelador", sentenció el jurista, señalando que el gobierno mexicano está utilizando conceptos inexistentes en los tratados internacionales para justificar la inacción.
El mito de las "pruebas contundentes"
Uno de los puntos más críticos de la entrevista fue la aclaración de que el Tratado Internacional de Extradición entre México y EE. UU. no exige "pruebas contundentes e irrefutables" para iniciar el proceso. Según Regino, este es un "discurso político" que contraviene la legalidad.
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- El procedimiento legal: La justicia estadounidense solo requiere enviar la orden de aprehensión por vía diplomática.
- La labor del juez federal: Un juez en México no debe revisar si hay elementos idóneos para liberar la orden, sino simplemente "replicar" la orden que viene de Estados Unidos para proceder a la detención.
- Plazos: Una vez detenidas las personas, se abre un periodo de 60 días para la solicitud formal, donde se presentan las pruebas originales.
El origen de la acusación: El Gran Jurado de Brooklyn
La acusación no es un impulso individual de un fiscal, sino el resultado de una investigación robusta que ha pasado por nueve actualizaciones (superseding indictments). El caso fue avalado por un Gran Jurado en Brooklyn, compuesto por 21 ciudadanos comunes, quienes determinaron que existe "causa probable" de que Rocha Moya y otros implicados participaron en una conspiración para traficar drogas desde Sinaloa.
Regino explicó que la información proviene de un cúmulo impresionante de datos aportados por testigos protegidos en Estados Unidos, quienes han detallado operaciones criminales vinculadas al Cártel de Sinaloa. "En conclusión, quien está acusando a Rocha Moya es el pueblo de los Estados Unidos", afirmó el abogado.
Un dilema crítico para Claudia Sheinbaum
La situación coloca a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum en una posición sumamente delicada. El experto advirtió que existen dos caminos con consecuencias de alto impacto:
- Cumplir la ley: Acceder a la extradición podría provocar una "desbandada" y rebelión interna en sus grupos políticos.
- Mantener la negativa: Si México persiste en el "no, no y no", Estados Unidos podría ejercer presión a través del Tratado de Libre Comercio (T-MEC) o revelar nuevos indictments que involucren a más funcionarios.
Finalmente, Gabriel Regino recordó que la investigación también pone bajo la lupa la elección de 2021 en Sinaloa, la cual presuntamente fue operada por "Los Chapitos" y coordinada por el actual gobernador de Tamaulipas.