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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Carlos Ramírez, integrante del Colectivo Hasta Encontrarles CDMX; abordó el porqué rechazan la reacción del gobierno de México al informe del Comité Contra la Desaparición Forzada de la ONU.
Carlos Ramírez criticó la postura oficial y urgió a las autoridades a reconocer la gravedad del problema bajo los estándares internacionales.
¿Qué se entiende por desaparición forzada?
Ramírez aclaró que, según la convención internacional, este delito ocurre cuando existe participación, acción o aquiescencia de agentes del Estado. "Tenemos muchos casos donde se dan desapariciones cometidas por policías estatales, municipales o cualquier trabajador que dependa del gobierno", explicó el activista. Esta distinción es clave, ya que la administración actual suele atribuir la mayoría de los casos a particulares o al crimen organizado.
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Las cuatro exigencias de las familias al Estado
Ante la negativa gubernamental de aceptar la ayuda externa, los colectivos han planteado una ruta crítica de cuatro puntos fundamentales:
- Reconocimiento de responsabilidad: Aceptar que el Estado, independientemente de la administración en turno, es responsable de atender la crisis.
- Cooperación con la ONU: Activar el Artículo 34 para permitir que el CED de la ONU intervenga formalmente en las investigaciones.
- Acceso a la verdad y sanción: Castigar a los responsables, incluyendo a los agentes estatales involucrados.
- Frenar la "limpieza" del Registro Nacional: Los colectivos denuncian un "maquillaje de cifras" en el censo actualizado la semana pasada.
El polémico nuevo censo
La actualización de cifras presentada en "la mañanera" ha generado indignación. Según Ramírez, la categorización utilizada excluye a miles de personas. "Solo se cuenta el 33 por ciento de las cifras oficiales; las demás están rezagadas en otras categorías porque no cuentan con la información suficiente", señaló, denunciando que se está intentando mostrar una realidad menos cruda al exterior.
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Mientras el Gobierno Federal descalifica la intervención de organismos internacionales, las familias aseguran que el crimen organizado sigue operando con la permisibilidad de algunos sectores del Estado, lo que hace indispensable una mirada externa y objetiva para alcanzar la justicia.