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En entrevista con Sheila Amador para MVS Noticias, Alberto Guerrero, especialista en temas de seguridad explicó que el Departamento de Justicia va contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya y 9 funcionarios más.
El experto sostuvo que este caso marca un "punto de quiebre" que confronta las narrativas de "narcogobierno" con la retórica de defensa institucional del Estado mexicano.
Analizan plazos del Tratado de Extradición
Respecto a la postura de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre la supuesta falta de pruebas contundentes, Guerrero Baena precisó la importancia de los marcos legales internacionales. El consultor explicó que, de acuerdo con el Artículo 11 del Tratado de Extradición entre México y Estados Unidos, la parte acusadora dispone de un periodo de 60 días a partir de la detención para presentar formalmente las evidencias que sustenten el reclamo judicial.
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"Independientemente de la parte política, creo que la parte jurídica debe de prevalecer por encima de toda defensa ideológica", sentenció el especialista durante la emisión.
Para el analista, este proceso no solo afecta a una figura individual, sino que pone al descubierto una estructura compleja de colusión.
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Guerrero Baena señaló que el panorama actual sugiere la existencia de una red de gobernanza criminal que habría cooptado instituciones de seguridad pública y procuración de justicia en los niveles estatal y municipal, con antecedentes que se remontan al proceso electoral del año 2021.
El consultor criticó la respuesta de las autoridades federales mexicanas ante los requerimientos de la Unión Americana. Guerrero Baena calificó la posición de la Fiscalía General como una "postura totalmente ideológica y defensora", argumentando que no refleja una valoración jurídica imparcial sobre los elementos aportados por las agencias estadounidenses hasta el momento.
Anticipan decisiones de la Presidenta
Finalmente, el experto destacó que el desarrollo de este expediente colocará a la mandataria Claudia Sheinbaum ante una encrucijada histórica.
Según el análisis presentado, la jefa del Ejecutivo deberá elegir entre consolidarse como una "Jefa de Estado" que prioriza la legalidad o actuar como una "jefa de movimiento" político, una decisión que impactará directamente en negociaciones bilaterales clave como el T-MEC y la organización del Mundial de 2026.