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En entrevista con Juan Manuel Jiménez, para MVS Noticias, Royfid Torres, diputado de Movimiento Ciudadano; Paulo Emilio García, diputado y vocero de Morena; y Andrés Sánchez, diputado del PAN, explicaron el Plan General de Desarrollo y la Ley de Rentas.
El punto central fue la reforma constitucional impulsada por la jefa de gobierno, Clara Brugada, que busca impedir que las rentas en la capital aumenten por encima de la inflación.
Morena defiende el "derecho al arraigo" y la nueva Defensoría
La iniciativa generó posturas polarizadas. Paulo Emilio García, diputado y vocero de Morena, defendió el proyecto argumentando que busca evitar la expulsión de los habitantes mediante el "derecho al arraigo".
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Además, destacó la propuesta para crear una Defensoría de los Derechos Inquilinarios, diseñada para proteger por igual a propietarios y arrendatarios. "Es importante que haya una autoridad de carácter administrativo que ofrezca arbitraje público y haga más sencilla la resolución de estas posibles controversias", destacó García. Asimismo, detalló que la meta del gobierno es desarrollar 80,000 viviendas públicas para beneficiar a unas 320,000 personas.
Movimiento Ciudadano advierte sobre un déficit crítico de vivienda
Desde la oposición, se cuestionó la viabilidad matemática de las propuestas y la falta de estímulos para la inversión. Royfid Torres, diputado de Movimiento Ciudadano, señaló un déficit crítico en la oferta y argumentó que la reforma no aborda el problema de fondo. "Necesitamos 40,000 viviendas al año y estamos construyendo 2,000. Este gobierno nos promete 80,000 en 6 años cuando necesitaríamos 240,000", advirtió Torres.
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El legislador calificó la política actual como un catálogo de buenas intenciones que no frena la especulación ni atiende la falta de servicios básicos en la ciudad.
Acción Nacional señala sobrerregulación y abandono al mercado
Por su parte, Andrés Sánchez, legislador del PAN, aseguró que limitar las rentas a la inflación es una medida que ya está contemplada en el Código Civil, y acusó a la administración de ignorar las dinámicas del mercado inmobiliario.
Expuso que el gobierno no ofrece garantías jurídicas, recordando que un juicio para desalojar a un inquilino moroso puede tomar entre 12 y 18 meses de desgaste económico. "Regular las rentas, no genera más vivienda, no genera que podamos competir en un escenario mucho más competitivo", enfatizó el panista.
Añadió que la falta de opciones asequibles en la ciudad obliga a los capitalinos a buscar créditos para comprar propiedades en la periferia, como Tecámac o Morelos.
El Plan General de Desarrollo a 20 años bajo escrutinio
El análisis sobre el Plan General de Desarrollo a 20 años reflejó la misma división: la oposición lo tachó de improvisado y de carecer de métricas reales ante la crisis hídrica y de movilidad que ya sufre la capital.
Por el contrario, el bloque oficialista lo defendió como un proyecto sólido y respaldado por la participación de más de 300,000 ciudadanos a través de consultas.