Audio relacionado
En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Carlos Bautista, diputado del Movimiento del Sombrero y Gabriel Regino, abogado, hablaron sobre ¿Adolescente que asesinó a sus maestras merece pena de muerte?
El reciente caso de un adolescente que asesinó a sus maestras en Lázaro Cárdenas ha reabierto una herida profunda en la sociedad mexicana, reactivando la discusión sobre si el sistema de justicia actual es suficiente para delitos de alto impacto. Carlos Bautista, y el abogado penalista, Gabriel Regino, analizaron si un menor que comete crímenes atroces debería enfrentar la pena de muerte o, al menos, ser juzgado bajo un régimen de adultos.
La propuesta de Carlos Bautista: Justicia excepcional
Para el diputado Bautista, la legislación actual es permisiva y no responde al clamor ciudadano que exige seguridad. El legislador defendió su postura de endurecer las penas de manera radical cuando existen pruebas contundentes.
Te podría interesar
"Yo la pena de muerte la presenté en el pleno el 2 de julio, obviamente cuando existan pruebas científicas irrefutables, proceso judicial impecable y una aplicación limitada y excepcional", afirmó Bautista durante la entrevista.
El diputado señaló que el sistema actual permite que jóvenes que cometen asesinatos, secuestros o violaciones recuperen su libertad en un periodo de tiempo muy corto, lo que no sirve como medida disuasoria.
Te podría interesar
Impunidad percibida: El legislador lamentó que, bajo el esquema actual, el menor "nada más va a pasar tres años en la cárcel y luego ya va a salir".
Responsabilidad parental: Bautista subrayó la gravedad de que un padre posea armas de alto poder (como un AR-15) en casa sin supervisión, sugiriendo que los padres también deben pagar por los daños que ocasionen sus hijos.
Gabriel Regino: El modelo de excepción y el reclamo social
Por su parte, el abogado Gabriel Regino coincidió en que el sistema de justicia juvenil en México presenta fallas que son aprovechadas por el crimen organizado. Mencionó que en países como Estados Unidos, existen mecanismos para que menores de edad sean procesados como adultos dependiendo de la gravedad del delito.
"Mientras no se modifique este sistema, tenemos una especie de incentivo para que los menores sepan que en tres o cuatro años están de nuevo en la calle", advirtió Regino.
El jurista explicó que en otros países, como Argentina, se ha detectado que las bandas criminales reclutan menores específicamente para el sicariato, aprovechando que las penas son mínimas. Propuso que un régimen de excepción, con penas de 20 a 30 años para delitos graves, podría ser una herramienta más efectiva que la pena de muerte para disuadir a la juventud de entrar en espirales de violencia.
Armas de uso exclusivo y omisión del Estado
Un punto crítico en la discusión fue el origen del armamento. Regino enfatizó que el uso de un fusil AR-15 por parte de un menor implica delitos adicionales, ya que estas armas son de uso exclusivo del Ejército y no deberían estar en domicilios particulares.
Ambos especialistas coincidieron en que, más allá de la pena de muerte, el Estado ha olvidado a sectores de la población que "desayunan, comen y cenan balas", donde el único ejemplo a seguir es la delincuencia. La reforma del sistema penal juvenil se presenta, entonces, no solo como un castigo, sino como una necesidad urgente para evitar que la violencia se convierta en una epidemia incontrolable. Al final del día, la sociedad no busca solo retribución, sino la posibilidad de volver a caminar en paz por las calles sin el temor latente a la pena de muerte o a la violencia impune.