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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Gabriela Amores Moya, maestra en derecho procesal y abogada feminista habló sobre por qué condenan a 50 años de prisión a mujer otomí en el Estado de México: organizaciones acusan proceso injusto.
En 2021, María de Guadalupe González, una mujer de origen otomí, acudió a los juzgados de Toluca para solicitar la guardia, custodia y el pago de pensión alimenticia al padre de sus dos hijos. Hoy, enfrenta una sentencia de 50 años de prisión por el delito de secuestro, en un proceso legal que su defensa califica abiertamente como una venganza personal.
Tres carpetas de investigación, un mismo bloque de pruebas De acuerdo con la defensa, tras la exigencia económica de 2021, la expareja de Guadalupe, presuntamente con apoyo del Centro de Justicia de las Mujeres en Toluca, promovió la creación de tres carpetas de investigación en su contra.
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¿Qué cargos se le impusieron a Guadalupe González?
Los dos primeros cargos fueron abuso sexual y tentativa de feminicidio hacia la nueva pareja del progenitor. Ambos casos colapsaron ante los jueces: el primero se sobreseyó por falta de elementos y el segundo culminó en una sentencia absolutoria, aunque no sin antes mantener a Guadalupe recluida durante un año en el penal de Almoloya de Juárez. Sin embargo, la tercera acusación, por secuestro, derivó en una condena de medio siglo.
"Se emite esta sentencia de 50 años con las mismas pruebas que se tienen de las otras dos carpetas", advirtió Amores Moya durante la emisión.
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La litigante detalló que las sentencias se sustentan únicamente en testimonios de la supuesta víctima, del padre de los menores y reportes de policías de investigación, careciendo de pruebas periciales que comprueben objetivamente las lesiones o la privación de la libertad.
Menores involucrados y una apelación en curso
El conflicto ha escalado hasta afectar directamente a los hijos. Según la abogada, el padre también ha señalado formalmente al hijo adolescente de ambos de haber participado en las supuestas agresiones. Actualmente, los menores se encuentran a salvo con sus abuelos y su madre.
Por ahora, Guadalupe no se encuentra en un centro penitenciario, sino que enfrenta su condena bajo la medida cautelar de prisión preventiva domiciliaria con un brazalete electrónico. El equipo legal ha interpuesto una apelación ante la Sala de Asuntos Indígenas, presidida por la doctora Maribel Bernal Ballesteros, esperando que se emita una resolución absolutoria en los próximos días.
"Hay una violencia institucional de género, con falta de perspectiva (...) no hay pruebas que puedan sostener esta acusación que está viviendo esta mujer en México", concluyó la defensora.
Este caso ha levantado serios cuestionamientos sobre la actuación del sistema judicial, dejando en vilo a una familia cuya pesadilla comenzó al ejercer un derecho fundamental: solicitar una pensión alimenticia