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En entrevista con Ana Francisca Vega, para MVS Noticias, platicamos con Arturo Sánchez, exconsejero electoral, sobre el Plan B electoral: un paquete de reformas enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. Sánchez calificó la propuesta no como una reforma electoral en sentido estricto, sino como una serie de decisiones políticas que alteran el funcionamiento de municipios y estados. Aunque el bloque oficialista defiende la iniciativa como una apuesta por la austeridad y la transparencia, el analista advirtió sobre graves implicaciones para la soberanía estatal y la equidad en la contienda.
Invasión a la soberanía y un ahorro mínimo
Uno de los puntos más críticos del Plan B electoral señalados por Sánchez es la intención de regular desde la federación el funcionamiento de los congresos locales y los municipios. La reforma propone reducir el gasto de los congresos estatales bajo el argumento de la austeridad; sin embargo, Sánchez destacó que el ahorro proyectado es de apenas el 0.7 por ciento del presupuesto local.
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Para el exconsejero, invadir la soberanía de los estados para decidir cómo organizar sus congresos y cabildos por un ahorro tan marginal es "muy lamentable". Además, advirtió que limitar el número de regidores ignora la orografía y la distribución geográfica de las comunidades, dificultando su atención.
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La revocación de mandato y la presidenta en campaña
Sánchez expresó un fuerte desacuerdo con la propuesta del Plan B electoral de empalmar el proceso de revocación de mandato con la elección de diputados en 2027. Explicó que, de concretarse este cambio de fecha, tendríamos a la presidenta de la República en campaña al mismo tiempo que los partidos políticos luchan por las diputaciones, lo cual rompe con los principios de una verdadera democracia.
Esta coincidencia de fechas generaría una elección inmensa, sumando 17 gubernaturas, el Congreso federal, congresos locales, ayuntamientos, elecciones judiciales y la propia revocación. Sánchez calificó como un "sinsentido" pretender organizar una jornada de tal magnitud mientras se insiste en reducir el presupuesto del INE, lo que podría poner en riesgo la instalación de las 175 mil casillas necesarias para garantizar el derecho al voto cercano al domicilio del ciudadano.
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Plan B electoral: Concentración de poder y elección judicial
Sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, Sánchez señaló que la presidenta parece haber tomado la decisión unilateral de mantenerla en 2027, aunque legalmente es una facultad que corresponde al Congreso. Mencionó que se busca reducir el número de candidatos y fortalecer los filtros de selección, pero advirtió que aún falta conocer la "letra chiquita" de la propuesta.
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Finalmente, el analista alertó que reducir el número de regidores en los ayuntamientos atenta contra la representación proporcional. Al haber menos espacios, se reduce la cabida de las minorías y se concentra el poder en el partido mayoritario, lo cual debilita la pluralidad política en el nivel de gobierno más cercano a la gente. Según concluyó en su charla con Ana Francisca Vega, el Plan B electoral requiere un análisis profundo sobre si realmente beneficia a la calidad de la democracia o si solo busca un control administrativo centralizado.