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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, la periodista Sandra Romandía, directora de EMEEQUIS y cofundadora de Opinión 51, habló sobre las omisiones de las autoridades en el resguardo del lugar donde murió Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”.
La reciente revelación de que la Fiscalía General de la República (FGR) omitió asegurar las cabañas en Tapalpa, Jalisco, donde se ubicaba el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ha desatado cuestionamientos sobre la integridad de la investigación. Al permitirse el ingreso de civiles y periodistas a la escena, cualquier indicio hallado, desde narconóminas hasta fotografía, carece ahora de validez jurídica plena debido a la contaminación del sitio.
La escena abierta: El "crimen perfecto" de la autoridad
Entre los objetos que quedaron expuestos y que ahora podrían ser desestimados como prueba legal se encuentran:
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- Narconóminas: Documentos que presuntamente vinculan a políticos del partido en el poder y otros personajes cercanos al círculo político con el narcotráfico.
- Evidencia de violencia: Fotografías de mujeres encontradas quemadas en un asador dentro de la propiedad.
- Documentación diversa: Objetos personales y papeles que ayudarían a reconstruir la estructura operativa del capo.
¿Zonas de silencio? La versión oficial frente a la realidad
La justificación de las autoridades para no asegurar el perímetro fue la supuesta falta de condiciones de seguridad. Sin embargo, esta versión ha sido duramente criticada debido a que el lugar no se encontraba en una zona recóndita, sino en un área habitada con vecinos presentes.
"No era un punto recóndito... estamos hablando de una población a la que se puede acceder", señaló Romandía, destacando que diversos periodistas de medios como El Universal y Latinus lograron llegar al sitio sin escoltas militares, mientras que a otros las autoridades les negaron el apoyo argumentando peligro.
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Un patrón de descuido: El antecedente de Rancho Isaguirre
Este incidente no es aislado. Durante la conversación, se recordó el caso del Rancho Isaguirre en marzo de 2025, donde, tras un enfrentamiento ocurrido en septiembre de 2024, las autoridades también olvidaron resguardar el sitio. En esa ocasión, fueron las madres buscadoras quienes hallaron prendas y zapatos, generando un escándalo internacional que evidenció la falta de rigor en las investigaciones forenses del Estado mexicano.
Las tres hipótesis sobre la mesa
Para los especialistas, el actuar de la FGR deja más dudas que certezas, planteando tres escenarios posibles:
- Incapacidad: Una falta absoluta de recursos o pericia para asegurar el lugar donde se escondía el capo más buscado de México.
- Negligencia grave: Un descuido inexcusable en el caso criminal más relevante del país.
- Complicidad: Una acción deliberada para contaminar la escena y desestimar evidencias que podrían comprometer a figuras políticas de alto nivel.
"Si ni siquiera tiene la capacidad de asegurar el lugar donde el capo se escondía... ¿cómo se puede sostener la narrativa de un control territorial?", cuestionó Romandía.
Ante el riesgo de que las pruebas contra el líder del CJNG pierdan validez, la Presidencia de la República ha emitido un pronunciamiento señalando que la Fiscalía General de la República (FGR) deberá explicar a detalle las omisiones ocurridas durante el proceso.
El caso ha escalado a un nivel de exigencia social donde la opinión pública demanda total transparencia. En este contexto, la relevancia de la investigación va más allá de un expediente judicial; como bien señaló la periodista durante el espacio informativo, el acceso a una resolución clara y justa en este caso no es opcional, ya que la verdad sobre estos hechos es, en última instancia, "patrimonio de las y los mexicanos".