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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Mónica Calles Miramontes, abogada especializada en materia electoral y constitucional, titular de la consultoría Defensa Electoral y representante legal de Emma Zermeño, explicó que esta semana se definirá el caso de Emma Zermeño, sancionada por hablar mal de una diputada en WhatsApp.
Un comentario emitido en una conversación privada de WhatsApp ha desatado un debate judicial sin precedentes en México, cuestionando frontalmente hasta qué punto el aparato del Estado puede intervenir en las comunicaciones íntimas.
El caso de Ema Cermeño, quien enfrenta una sanción por supuesta violencia política de género, será resuelto este miércoles a las 12:00 del día por la Sala Superior del Tribunal Electoral.
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Miramontes detalló las irregularidades jurídicas derivadas de la resolución emitida inicialmente por la Sala Regional Guadalajara. Según la defensa, la sanción trasciende injustificadamente al ámbito laboral de Cermeño, intentando involucrar a la Secretaría de Transparencia y a la Secretaría de las Mujeres.
"Están pretendiendo que lo que pasó en la vida privada de Ema sea tomado por otras instancias [...] y que le inicien procedimientos de investigación ahí por una cuestión que sucedió en su vida privada", advirtió la especialista.
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El desarrollo del caso ha dado un giro. Inicialmente, el proyecto del magistrado Felipe de la Mata proponía desechar la impugnación; sin embargo, gracias a la reciente exposición mediática, ahora se propone revocar la sentencia al considerar la ilicitud de las pruebas, es decir, capturas de pantalla obtenidas y compartidas por un tercero sin autorización.
Además, se argumenta que no existe afectación real a los derechos político-electorales de la supuesta víctima, una diputada que cuenta con licencia desde octubre de 2024 y que, según el propio expediente, nunca ha visto en persona a la acusada e incluso la confunde con alguien más.
La controversia por la seguridad: ¿emergencias sin saldo?
La escalada pública del proceso ha generado un riesgo directo a la integridad física de Cermeño, llevándola a solicitar medidas urgentes de protección a nivel estatal en Sinaloa y ante la Secretaría de Gobernación (Segob). La respuesta burocrática del gobierno, sin embargo, ha causado profunda indignación.
"Nos enfrentamos también a la burocracia. [...] Me dijeron en el teléfono en emergencia que está en el portal de la Secretaría de Gobernación que no tenían saldo", denunció Calles Miramontes, respaldando la acusación con pruebas documentadas. Ante el asombro durante la entrevista, la abogada reiteró las insólitas justificaciones de las autoridades para retrasar el auxilio: "Primero porque estaban de puente y luego porque no tenían saldo".
Este precedente mantiene en alerta a defensores de derechos digitales y ciudadanos, recordando que hay 98 millones de mexicanos que utilizan un teléfono celular asumiendo que sus chats son confidenciales.
La resolución de esta semana definirá si las autoridades pueden vulnerar la expectativa de privacidad, o si, como afirma la defensa para evitar un estado de persecución: "Jamás habría habido un marco que diera lugar a que el Estado interviniera en nuestra vida privada en este punto".