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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, la periodista Yohali Reséndiz puso al descubierto el escándalo de las pensiones excesivas en Morelos, un caso que ha detonado una ola de indignación pública y serios cuestionamientos sobre la administración de los recursos del estado.
Lo que durante años se manejó mediáticamente como un rumor de pasillo bajo el nombre de "Pensiones Doradas", hoy se consolida como un esquema de presunta corrupción institucional. A través de una revisión exhaustiva de registros oficiales, Reséndiz reveló una lista detallada de exfuncionarios que perciben montos económicos escandalosos; pagos que, en diversos casos, habrían sido obtenidos mediante la falsificación de documentos o el incumplimiento de los requisitos legales más básicos.
Radiografía del desvío: Nombres y cifras detrás de las pensiones 'doradas'
La revisión exhaustiva de registros oficiales de 2023 y años anteriores pone en evidencia un sistema que carece de topes claros y que beneficia a figuras específicas con montos que contrastan con la realidad social del estado.
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Entre los casos más destacados mencionados en el reporte se encuentran:
- Karina Arteaga Gutiérrez: Encabeza los registros con una pensión vigente, verificada en 2023, que asciende a 57,170 pesos mensuales.
- Marta Patricia Bandera Flores: Nacida en 1976, este caso destaca por su irregularidad; aunque legalmente figura como derogada, en la práctica se mantiene activa y alcanzará los 54,579 pesos para el año 2025.
- José Eulalio Espíndola Díaz: Percibe un cobro mensual de 52,144 pesos.
- Josefina Pallares Ardino: Se encuentra en el rango alto de la lista con un ingreso de 48,860 pesos.
- Humberto Leonides Segura: Registra un pago mensual por la cantidad de 35,132 pesos.
- Ariel Cedeño Guerrero y Alberto Chamy Aguilar: Figuran también en el padrón con depósitos de 30,653 y 29,709 pesos respectivamente.
Ilegalidad vs. Inmoralidad: El doble conflicto de las pensiones en Morelos
De acuerdo con la investigación, el problema en Morelos se divide en dos vertientes que el Estado se ha negado a enfrentar:
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- Pensiones Presuntamente Ilegales: Aquellas obtenidas mediante actos de corrupción, falsificación de documentos o sin cumplir los años de servicio o requisitos que marca la ley.
- Pensiones Inmorales: Casos que, aunque operan bajo el marco de una ley mal diseñada y sin topes, resultan éticamente indefendibles por la desproporcionalidad de los montos en un estado con graves carencias estructurales.
"Es grave porque en un sistema de pensiones presuntamente corrompido, no solo se han entregado montos escandalosos a exfuncionarios, sino que se han otorgado pensiones a personas que no las merecían", señaló Reséndiz.
El silencio de la Fiscalía Anticorrupción: entre la omisión y la complicidad
A pesar de que existen expedientes que señalan pensiones formalmente "derogadas" por el Congreso pero que siguen activas en los hechos, las autoridades locales no han emitido una postura clara.
La investigación de Yohali Reséndiz concluye con una denuncia sobre el "silencio ensordecedor" que impera en la Fiscalía Anticorrupción de Morelos. Al omitir sus facultades de investigación y ocultar información pública esencial, la institución se perfila no solo como espectadora, sino como una forma de complicidad institucional ante el desfalco.
Mientras las autoridades mantengan esta parálisis, el erario morelense continuará financiando prestaciones que rebasan cualquier criterio de justicia social, perpetuando un sistema de privilegios que drena recursos en un estado marcado por profundas carencias estructurales.