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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, desaparecido en Mazatlán, explicó todo sobre el caso de Carlos Emilio, desaparecido tras haber ido al baño de un bar en Mazatlán.
La crisis de desapariciones en Sinaloa ha abierto un nuevo capítulo de confrontación entre las familias de las víctimas y el Poder Judicial.
Brenda Valenzuela, madre de Carlos Emilio, joven desaparecido a finales del año pasado en Mazatlán tras ingresar al baño de un bar, denunció las trabas legales que enfrentan las madres buscadoras para acceder a información forense.
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A más de cuatro meses sin noticias de su hijo, Valenzuela emprendió una batalla jurídica mediante una demanda de amparo. El objetivo era obligar a las autoridades federales y locales a transparentar los hallazgos de restos humanos en fosas clandestinas recientes en Sinaloa. Sin embargo, la respuesta judicial ha causado indignación.
"No genera tormento": El criterio del juez
Según el testimonio de la madre, el juez federal Isaí López Triana desestimó el amparo bajo el argumento de que la falta de información sobre los hallazgos no constituía una afectación grave para la familia.
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"El juez federal desestimó el amparo. Consideró que no era procedente, que este amparo no generaba para nosotros como familia, y de tantas personas que estamos en la misma situación, no generaba un tormento", declaró Valenzuela.
Esta decisión contrasta con los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la realidad que viven las víctimas indirectas, quienes describen la incertidumbre como una forma de violencia psicológica. "Como madre, cada noticia incompleta me obliga a pensar en una pregunta que nadie deberíamos de hacernos: la posibilidad de que mi hijo pueda estar ahí", señaló la entrevistada.
Omisiones y bloqueo a colectivos
Más allá de la negativa judicial, Valenzuela expuso un patrón de opacidad por parte de las autoridades en las zonas de hallazgos. Denunció que se ha negado el acceso a la información tanto individual como colectiva bajo el argumento de que los procesos de identificación toman tiempo.
Sin embargo, la situación en campo parece ser más hostil. "A muchas familias y colectivos se les ha tratado de retirar, se les ha rechazado, se les ha negado el acceso a la información e incluso se les llegó a inhibir la señal telefónica", afirmó Brenda Valenzuela, calificando este panorama como un acto de crueldad hacia las víctimas.
Un llamado a la sociedad
Ante la normalización de la violencia, Brenda hizo un llamado urgente a la ciudadanía para no ser indiferente ante el dolor de miles de familias. "Esto es algo que ya rebasa cualquier conformidad que como sociedad podamos tener [...] si de verdad como sociedad no levantamos la voz y tratamos de poner una medida, pues mañana puede ser cualquiera", concluyó.
Al cierre de la entrevista, se recordó que también se cumplen 215 días de la desaparición de Ana Melí García Gámez en el Ajusco, subrayando la magnitud nacional de la problemática