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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Ernesto Piedras, director general de The Competitive Intelligence Unit, habló sobre el inicio del registro obligatorio de líneas telefónicas con identificación oficial de los usuarios en México.
A partir de este mes, México inicia un nuevo intento por fiscalizar el uso de telefonía móvil bajo el argumento gubernamental de combatir la extorsión. Sin embargo, para los especialistas, la medida no solo carece de eficacia tecnológica frente al crimen organizado, sino que plantea desafíos logísticos casi imposibles de cumplir y posibles violaciones a derechos constitucionales.
Registro de celulares en México: El reto de dar de alta 1 millón de líneas al día
Ernesto Piedras calificó el proceso como una "labor titánica", señalando que la cifra de líneas a registrar asciende a 160.3 millones al cierre del año pasado. Con un plazo que vence el último día de junio, el experto desglosó la inviabilidad operativa de la medida.
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"Registrar 1 millón de líneas al día significa registrar 47 mil 666 líneas por hora, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. No he visto que exista un software especializado o que se haya capacitado a la gente", advirtió Piedras.
El director de The CIU destacó que el 83% del mercado es de prepago, el segmento que presenta mayor rotación y donde se concentra el mayor reto de vinculación de datos.
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¿Cuáles son los riesgos para la privacidad del usuario?
La narrativa oficial sostiene que el registro permitirá rastrear delitos; no obstante, la crítica apunta a que los delincuentes ya operan con líneas internacionales o digitales que no requieren estos registros. Además, existe un precedente de fracaso en administraciones pasadas.
"Este proceso ya ha fracasado dos veces en las administraciones de López Obrador y de Felipe Calderón... así tuviéramos hoy un registro nacional, eso no va a parar los robos digitales", sentenció el analista.
Aunado a la ineficacia, surge la preocupación por el resguardo de datos personales y la seguridad de la información ante posibles filtraciones, un temor constante para los usuarios mexicanos.
¿Es legal cancelar el servicio de telefonía?
Uno de los puntos más polémicos es la amenaza de cancelar la conectividad de voz y datos a quienes no cumplan con el registro antes de julio. Según Piedras, esto podría desatar una batalla legal.
"Nuestra Constitución habla del derecho básico del ciudadano a la conectividad. Se vendría una avalancha de amparos porque nos impedirían el acceso a la cultura, la educación, el trabajo remoto y el e-commerce", explicó.
El proceso podrá realizarse de forma presencial ante los operadores con identificación oficial o mediante plataformas digitales que las empresas habiliten para tal efecto, incluso para usuarios de pospago que deban actualizar su información.