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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Gabriel Regino, abogado, habló sobre el huachicol fiscal y que detienen a ex juez federal presuntamente ligado con el delito; atendió el caso de 'Los Porkys'.
El huachicol fiscal y los representantes legales de una empresa
Regino abordó la reciente detención de un exjuez federal vinculado presuntamente con el delito de huachicol fiscal, un caso que ha encendido las alertas sobre los riesgos legales que enfrentan los abogados que actúan como apoderados legales de empresas.
El exjuez en cuestión es Anuar González Hemadi, conocido por haber llevado el polémico caso de “Los Porkys”, y quien ahora se encuentra en prisión preventiva mientras se investiga su presunta participación como representante legal de una empresa involucrada en esta red de evasión fiscal mediante la venta ilegal de combustibles.
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Huachicol fiscal pone en la mira a abogados
Regino explicó que en México las personas morales también pueden ser sujetas de investigación penal, y en estos procesos los apoderados legales son quienes enfrentan las consecuencias legales. “Esto abre una brecha muy grande”, advirtió el abogado, “porque cualquier abogado que gestione trámites podría terminar en la cárcel si la empresa está vinculada a casos de huachicol fiscal”.
Además, el abogado comentó que, aunque los jueces electos ya están en funciones, se les impartió un curso exprés de solo cinco días para asumir una tarea que requiere alta preparación jurídica. También cuestionó si el reciente nombramiento del cuñado de Ricardo Monreal en la Suprema Corte se dio por méritos o por nepotismo, enfatizando que los nuevos jueces deben generar criterios jurídicos sólidos y sistemáticos para guiar a los tribunales del país.
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Sobre el exjuez Anuar, Regino fue claro: “No sabemos si debe o no, pero está en la cárcel”, al mismo tiempo que hizo un llamado a los profesionales del derecho corporativo a blindar su actuar legal, ya que esta situación refleja los crecientes riesgos penales que enfrentan quienes representan a personas jurídicas.
El caso reabre el debate sobre la responsabilidad penal de los representantes legales en delitos complejos como el huachicol fiscal, un esquema que, según autoridades, genera pérdidas millonarias al erario por la evasión de impuestos en la venta de combustibles ilegales.