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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Lourdes Encinas, periodista, autora del libro 49 Razones Para No Olvidar, mencionó si ahora sí habrá justicia en el caso de la Guardería ABC.
A 16 años del incendio que cobró la vida de 49 niñas y niños en Hermosillo, Sonora, el camino hacia la justicia ha sido largo, irregular y, según denuncian familiares y activistas, marcado por la impunidad. A pesar de que desde 2022 existen sentencias condenatorias firmes contra 10 personas involucradas en la tragedia, solo una de ellas está actualmente en prisión.
Encinas reveló que de las 22 personas procesadas inicialmente 12 ya fueron exoneradas, entre ellas dos de los tres dueños del inmueble. Los jueces determinaron que solo aportaron capital y no participaron en las operaciones diarias.
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¿Quiénes son las personas con sentencia?
Entre las personas se encuentran Sandra Téllez, socia y administradora de la Guardería ABC, y Antonio Salido, representante legal de la estancia infantil. Sin embargo, ninguna de estas condenas ha sido ejecutada, salvo la de Noemí López Sánchez, ex jefa de supervisoras del IMSS, quien se entregó voluntariamente hace un año.
En el caso de Sandra Téllez, su reciente detención ocurrió en un centro migratorio en Estados Unidos, no por acciones del gobierno mexicano, sino por un proceso migratorio independiente. Fue ahí donde surgió su ficha roja de Interpol y la orden de aprehensión pendiente en México. La Fiscalía General de la República (FGR) ya anunció que solicitará su extradición.
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“La diferencia ahora es que ya está detenida y es muy público. Ya no habría manera de que el gobierno mexicano dijera ‘no sabemos dónde está’, como ha ocurrido antes”, explicó Encinas.
¿Y las otras sentencias?
Además de Sandra Téllez, ocho personas más tienen sentencias sin ejecutar. Encinas enfatizó que si la extradición de Sandra se concreta y se cumple su condena —de 5 años y 7 meses de prisión, más la reparación del daño—, podría abrir la puerta a que se ejecuten también las demás.
Para Encinas, lo ocurrido hasta ahora es una muestra de cómo el caso ha sido politizado y administrado según conveniencia de los gobiernos en turno: “Cada detención ha sido utilizada por el poder para mostrar avances, pero en realidad no ha habido consecuencias sostenidas. Hablar de justicia 16 años después ya es muy difícil”.
La periodista recuerda que los padres de las víctimas reciben cada avance con esperanza, pero también con reservas. “Las familias no buscan venganza, buscan verdad y justicia. Esta detención podría marcar un parteaguas… si se cumple la ley”, concluyó.