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En entrevista para MVS Noticias con Pamela Cerdeira, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, habló sobre la resolución del tribunal que determinó que la sección “Quién es quién en las mentiras” de las mañaneras de AMLO vulneró el honor y la dignidad de perfiles críticos.
La reciente resolución de un tribunal colegiado estableció un precedente clave en materia de comunicación gubernamental y libertad de expresión. El fallo determinó que las autoridades no pueden utilizar recursos públicos ni plataformas oficiales para denostar, ridiculizar o atacar a críticos del gobierno.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Litigio Estratégico, esta decisión implica que se deben eliminar de redes sociales las publicaciones derivadas de la sección “Quién es quién en las mentiras”, al reconocer que en este espacio se violentaba el honor de un ciudadano crítico. Con ello, el tribunal dejó en claro que el Estado tiene la facultad de brindar información, pero esta debe ser objetiva, imparcial, sustentada en datos verificables y sin juicios de valor.
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"Las autoridades no pueden usar recursos públicos, no pueden usar las redes sociales del Estado para hablar mal. Y en 'hablar mal' me refiero a utilizar comentarios lascivos, denostativos, increpar a los críticos del gobierno. No puede hacer eso el gobierno", afirmó Calderón.
La resolución también marca un límite sobre cómo las autoridades pueden ejercer la comunicación pública. Mientras que es válido aclarar datos falsos o imprecisos, el proceso debe basarse en información veraz y comprobable, no en expresiones subjetivas que generen un clima de hostilidad hacia opositores o periodistas.
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"No puede utilizar (el Estado) su poder para denostar y tratar de silenciar a las personas, como se hizo en esa sección 'Quién es quién en las mentiras', que se utilizaba con fines estrictamente de inhibir el ejercicio de la libertad de expresión e incluso para generar un espacio de hostilidad, un clima de hostilidad y en manifestaciones que podrían eventualmente concretarse en violencia", señaló la especialista.
Aunque la actual administración mantiene la dinámica de las conferencias diarias, el fallo abre la puerta a replantear los contenidos bajo parámetros de objetividad. La presidenta Claudia Sheinbaum ha dado continuidad a la sección, pero con un tono señalado como más mesurado. Aun así, la resolución enfatiza que los recursos del Estado no deben usarse para confrontar con descalificaciones, sino para proporcionar datos que permitan a la ciudadanía formarse un criterio propio.
El antecedente resulta relevante porque impone un criterio aplicable a todas las autoridades. El límite entre la opinión personal de un funcionario y la comunicación oficial respaldada por el poder público es claro: el primero es un derecho individual, mientras que el segundo implica responsabilidad institucional.
"La mañanera se tiene que mantener dentro de un límite de objetividad. Si, efectivamente, hay una información en redes sociales que puede ser falsa, claro que el gobierno puede aclararla, pero, insisto, puede aclararla, como bien le señaló el tribunal colegiado, no con datos fácticos, sin juicios de valor, con investigaciones, con datos que se pongan a disposición de la ciudadanía para que sea la propia ciudadanía, en una democracia, la que pueda confrontar la opinión del crítico", afirmó Mariana Calderón.
"En el sexenio pasado claramente vimos un clima de hostilidad en contra de las personas que se les denominaba adversarios", indicó.
Este criterio subraya que el Estado tiene la obligación de informar con transparencia, pero sin convertirse en un mecanismo de persecución social contra quienes expresan posturas críticas. En consecuencia, la resolución no solo ordena la eliminación de contenidos específicos, sino que también refuerza las bases para un ejercicio democrático donde la libertad de expresión se respete y el poder gubernamental se ejerza con prudencia.