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En entrevista para MVS Noticias con Adrián Jiménez en ausencia de Pamela Cerdeira, Patricia Urriza Arellano, diputada de Movimiento Ciudadano en el Congreso de la Ciudad de México, explica la aprobación de sanciones a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización, incluyendo a los franeleros.
El Congreso de la Ciudad de México aprobó reformas a la Ley de Cultura Cívica para sancionar a quienes obstruyan o utilicen indebidamente el espacio público sin autorización, incluyendo a los llamados franeleros. La medida busca frenar la práctica de apartar lugares de estacionamiento con objetos y exigir pagos por vigilar o cuidar vehículos, una actividad que, aunque surgió como respuesta a la inseguridad, se ha convertido en un problema extendido.
"Todos y todas hemos sufrido alguna extorsión por parte de alguna persona que se adueña del espacio público, que pone estos típicos botes, cajas, empieza a apartar lugares y nos venden ese espacio público por determinado tiempo a los ciudadanos que somos usuarios del mismo", señaló la diputada emecista.
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La diputada de Movimiento Ciudadano, Patricia Urriza Arellano, explicó que estas acciones se castigarán con arrestos de 24 a 36 horas, similares a los que se cumplen en el “Torito”. El objetivo es garantizar que el espacio público sea libre y seguro para todos, evitando extorsiones o cobros indebidos por su uso.
"Hoy en el Congreso de la Ciudad de México modificamos la ley de cultura cívica para poder sancionar con un arresto de 24 a 36 horas (es como si se separan al torito estas personas) por apartar con objetos lugares de estacionamiento, impedir el uso o el espacio público para estacionarse, exigir pago por vigilar, estacionar, cuidar, lavar vehículos y aprovecharse de la vía y del espacio público para obtener algún beneficio personal", informó.
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Un problema originado por la inseguridad
Según Urriza, los franeleros aparecieron como una solución temporal frente a delitos como el robo de autopartes y los cristalazos. Sin embargo, la falta de intervención de las autoridades permitió que la actividad se expandiera y derivara en abusos. Actualmente, la situación genera temor entre automovilistas que, para evitar daños o robos, acceden a pagar a estas personas.
"Vamos a tener la tarea de observar que la ley se cumpla y, sobre todo, esto tiene que iniciar desde una estrategia de seguridad en donde todos los ciudadanos nos sentamos con confianza de dejar nuestros automóviles, motocicletas en el espacio público sin miedo a que desaparezcan, a que roben autopartes y sin miedo también a que nos extorsionen por hacer uso del espacio público que es de todos y de todas", indicó la diputada de Movimiento Ciudadano.
La legisladora subrayó que, aunque la nueva normativa es un paso importante, es necesario complementarla con una estrategia de seguridad que incluya vigilancia constante en zonas de alta afluencia, como hospitales, mercados, tianguis y plazas comerciales. También señaló la importancia de combatir la colusión entre policías y franeleros, ya que, en algunos casos, las detenciones no se cumplen de manera efectiva.
Apartar lugares frente a casa también será sancionado
Con la modificación legal, apartar un espacio en la vía pública con botes, cajas u otros objetos será ilegal, incluso si se trata de la banqueta frente a una vivienda, salvo que sea la entrada de un portón. Cualquier ciudadano podrá denunciar estos casos, lo que podría derivar en arrestos para los infractores.
"Es total y absolutamente ilegal a partir de ahorita apartar, aunque sea en frente de tu casa, si no es la entrada del portón, ahí obviamente no pueden estacionarse los coches, pero en la banqueta es total y absolutamente ilegal y cualquier vecino o vecina podría denunciar a la persona que está apartando y eso vendría en un arresto de 24 a 36 horas", aseguró Patricia Urriza.
Para atender el impacto laboral que esta medida pueda tener en quienes dependen de esta actividad, la ley contempla un transitorio que buscará reubicarlos en el mercado formal de trabajo. De esta forma, el Congreso capitalino pretende equilibrar la aplicación de sanciones con la oferta de alternativas económicas para los afectados.