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En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, la periodista Shalma Castillo, reportera de Artículo 7, reveló detalles de su investigación sobre José Francisco Mendoza Gómez, proveedor del Gobierno de Tamaulipas, uno de los 26 mexicanos extraditados a Estados Unidos por narcotráfico, quien habría recibido contratos millonarios de la administración del gobernador Américo Villarreal.
“Este personaje tenía contratos con el Gobierno de Tamaulipas de obra pública, no solo con una empresa que él manejaba, sino también con la empresa de su pareja”, explicó Castillo.
Según la investigación, ambos obtuvieron recursos durante 2023, año en que Mendoza Gómez ya era solicitado por el gobierno estadounidense para su extradición.
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Las empresas identificadas fueron JF Megas y Megamax, que recibieron pagos en pesos, pero que equivalen a millones de dólares. “Estos son solo los contratos públicos; en Tamaulipas la transparencia es parcial y no todos los documentos están publicados”, denunció.
José Francisco Mendoza Gómez operó con identidades falsas
Durante la conversación, Shalma Castillo documentó que José Francisco Mendoza Gómez utilizaba diferentes combinaciones de apellidos para firmar contratos. “En el acta constitutiva usa un apellido, en los contratos otro… toda la finta de un delincuente que se está ocultando para no ser encontrado. Él mismo firma los contratos, pero con otra identidad”, señaló.
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El proveedor fue detenido en diciembre de 2024 en Ciudad Victoria, frente a una propiedad del secretario de Obras Públicas estatal.
Hasta el momento, el gobernador Américo Villarreal no ha emitido una postura pública. “Los ciudadanos merecen una aclaración, porque esto es recurso público que terminó en manos de un criminal y no lo decimos nosotros, lo dicen las autoridades estadounidenses y mexicanas”, afirmó Castillo.
Gobierno de Tamaulipas protege a una posible red de corrupción
La reportera advirtió que el caso podría implicar delitos como lavado de dinero o enriquecimiento ilícito, e incluso contubernio con autoridades. “Es la punta del iceberg; podría haber más miembros de la familia política de su esposa involucrados en contratos”, señaló.
Sin duda, este hecho deja en entredicho los filtros de revisión de identidades y licitaciones en Tamaulipas, un estado que, recordó Castillo, ya está bajo constante vigilancia de Estados Unidos por el tráfico de drogas y migrantes.