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En entrevista para MVS Noticias con Manuel López San Martín, Ramsés Pech, analista y consultor en temas de energía, nos explicó que el robo de combustibles, conocido como huachicol, continúa generando pérdidas millonarias para Pemex, afectando no solo a la empresa productiva del Estado, sino también al erario público y a la seguridad energética del país.
“El boquete económico a Pemex por el huachicol puede alcanzar entre 20 y 30 mil millones de pesos anuales solo por la extracción ilegal en ductos, sin contar los costos de reparación y mantenimiento por daños”, señaló Pech.
Huachicol opera bajo tres modalidades
Para iniciar la conversación, el especialista explicó que actualmente existen estos tres tipos de huachicol que actualmente afectan a Pemex:
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- Robo directo a ductos: El más conocido, que implica ordeña física del combustible.
- Huachicol fiscal: Derivado de la omisión del pago de IEPS en productos importados, como lubricantes, que representaría un daño estimado entre 100 y 150 mil millones de pesos al fisco.
- Venta ilegal en estaciones de servicio. Se comercializa gasolina en estaciones sin comprobar su origen o sin los permisos correspondientes.
¿Realmente disminuyó el huachicol?
Pese a que en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador se aseguró que el huachicol había disminuido en un 95?%, Pech aseguró que el robo persiste.
“Aún se sustraen entre 700 y 800 mil litros de gasolina diarios. El delito no se ha erradicado, solo se ha transformado”, subrayó.
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Además, indicó que la venta ilegal de combustible no puede darse sin cierto nivel de permisividad u omisión por parte de las autoridades.
“Para operar en el mercado de combustibles necesitas al menos tres permisos: de comercialización, distribución y transporte. Sin estos, no puedes vender legalmente”, puntualizó.
¿Se puede erradicar el huachicol en México?
Siguiendo con el análisis, Pech propuso revisar a fondo los permisos otorgados por la Comisión Nacional de Energía, en coordinación con el SAT y la Secretaría de Energía, para garantizar que las empresas cumplan con las normas vigentes.
“Se necesita una auditoría seria de quién está importando, vendiendo y distribuyendo combustibles en México”, recalcó.
También señaló que los operativos actuales, aunque importantes, implican un costo elevado que no está contemplado en el presupuesto de 2025.
Finalmente, mencionó que este delito si bien no se podrá erradicar sí se puede controlar si se fortalece la supervisión. “El objetivo debe ser legalizar completamente la cadena de suministro del combustible en México”, concluyó.