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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Andrea Rocha, abogada de padres y madres de niños con cáncer, habló sobre las críticas al nombramiento de López-Gatell ante la OMS.
La reciente designación de Hugo López-Gatell en un cargo internacional ha provocado indignación entre padres y madres de niños con cáncer, quienes lo responsabilizan directamente por el desabasto de medicamentos que derivó en la muerte y afectación grave de cientos de menores en México.
Andrea Rocha, abogada representante de más de 450 familias afectadas, expresó que este nombramiento es una burla y una falta de respeto por parte del Estado mexicano hacia quienes perdieron a sus hijos por negligencia institucional.
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"Cuando nos enteramos de esta noticia, mira, ya no esperamos nada", afirmó la abogada. "Me queda claro que, más allá de una burla, es una falta de respeto del Estado para los padres y madres de familia que han perdido a un pequeñito o una pequeñita por el desabasto de medicamentos", agregó.
Desde hace siete años, familias en todo el país han enfrentado carencias sistemáticas en el acceso a tratamientos oncológicos. En lugar de atender las demandas legítimas, López-Gatell, señala Rocha, descalificó la lucha de los padres, llegando incluso a calificarlos públicamente como “golpistas”. Para las víctimas, su ascenso a un puesto en el extranjero representa un agravio más, dado que actualmente enfrenta dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
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"Me queda claro que Hugo López-Gatell es una persona sin escrúpulos, porque él, en una entrevista, públicamente dijo que los padres y las madres de familia eran unos "golpistas". No se tocó el corazón para, como funcionario, garantizar el abasto de medicamentos en todo el país. Lo único que se dedicó a hacer este señor es a descalificar una lucha que cualquier padre y madre de familia haría por su hijo en ese momento. Los papás están completamente enojados porque dicen: 'No me parece justo, abogada'", recordó Andrea Rocha.
Tres delitos denunciados ante la FGR
Las denuncias presentadas en 2021 por las familias están sustentadas en tres delitos: genocidio, homicidio y discriminación. Según la defensa, la muerte de más de 3,000 menores por falta de medicamentos configura un crimen de gran magnitud. Se acusa al exsubsecretario de no haber cumplido con sus obligaciones para garantizar la compra consolidada de insumos médicos, afectando directamente el derecho a la salud.
"Nosotros tenemos tres delitos en nuestras dos denuncias", describió Andrea Rocha:
"Genocidio: Mucha gente me criticó y me dijo: '¿Por qué genocidio?'. Y yo les dije: 'Bueno, cuando más de 3,000 niñas y niños con cáncer fallecen, ¿cómo se le llama a eso?'. Me queda claro que el señor, dentro de sus funciones, tenía la obligación de garantizar la compra consolidada de los medicamentos y no lo hizo. Sin embargo, lo único que sí hizo fue atacar a las madres y a los padres de los niños con cáncer", reveló.
"También estamos hablando de discriminación, porque el Código Penal menciona que, cuando una persona le niega un servicio, como el servicio a la salud a las niñas y niños, se configura el delito de discriminación", mencionó.
"Y también estamos hablando de homicidio. ¿Por qué? Cuando una persona pierde la vida derivado del desabasto de medicamentos, no hay más. Se puede configurar el delito de homicidio", aseguró.
A pesar del tiempo transcurrido y las dificultades del sistema judicial, las familias no están dispuestas a desistir. La abogada afirmó que seguirá dando seguimiento jurídico a las denuncias hasta que se haga justicia. Algunos padres han compartido testimonios dolorosos: niños que perdieron la vista, otros que fallecieron, y familias que tuvieron que elegir entre comer o pagar medicamentos.
Exigen justicia y un mensaje para la presidenta
Como mensaje final, Rocha pidió a la presidenta de México reconsiderar el nombramiento de López-Gatell como un acto de respeto a la memoria de las niñas y niños que perdieron la vida. A su juicio, el reconocimiento internacional del exfuncionario ignora el sufrimiento de cientos de familias afectadas por decisiones negligentes que siguen sin ser sancionadas.