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En entrevista para MVS Noticias con Luis Cárdenas, Susan Saravia, víctima de abuso sexual y de una violación grupal en Campeche, habló sobre su decisión de hacer público su caso y exigir justicia.
A cuatro meses de haber denunciado una violación equiparada tumultuaria ocurrida el 31 de marzo en Campeche, Susan y su madre, Liz Rodríguez, siguen esperando justicia. Aunque una de las órdenes de aprehensión fue cumplida, aún faltan dos agresores por detener, y las trabas institucionales han marcado todo el proceso judicial.
"Hoy se cumplen 120 días de los hechos, y (lo que) hemos estado pidiendo desde el día uno, es la detención de los agresores de mi hija. Hay uno detenido, faltan dos", contó la víctima.
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Desde el primer día, aseguran, se enfrentaron a demoras injustificadas y posibles encubrimientos por parte del Centro de Justicia para las Mujeres. Según relataron, las autoridades tardaron más de dos semanas en activar las órdenes de aprehensión, a pesar de que el delito exige una respuesta inmediata.
Revictimización y miedo ante un sistema que no protege
Susan compartió que, además del trauma de la agresión, ha tenido que enfrentar el juicio social y la revictimización por parte de instituciones que deberían protegerla. Expresó sentirse juzgada no solo por autoridades, sino también por la sociedad, lo que ha dificultado aún más su camino hacia la justicia.
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"Ahora me siento juzgada por todos, no solo por las autoridades, sino también por la sociedad. Me siento mal, a pesar de ser la víctima, de tener que estar en esta posición para poder obtener la justicia", dijo la joven.
"Los tratos con las autoridades desde el día uno han habido muchas trabas. Funcionarios y funcionarias del CJM, como he venido diciendo, no sé si tienen conocidos o familiares, entendemos que sí, por todo lo que ha sucedido en el caso de mi hija. Por ser una violación equiparada tumultuaria, como ellos lo denominaron, son 72 horas para crear una orden de aprehensión. Sin embargo, pasaron 15 días para que esas órdenes, para que la carpeta de mi hija pudiera llegar al litigio y de ahí pudiera expedirse o dar las órdenes a la aprehensión un juez", relató Liz Rodríguez, madre de Susan.
Liz Rodríguez añadió que no han recibido amenazas directas, pero sí temen represalias, ya que los presuntos agresores están presuntamente vinculados al poder local. El temor crece al saber que otras mujeres han denunciado situaciones similares, aunque muchas han preferido guardar silencio por miedo o vergüenza.
"Amenazas no hemos recibido, pero claro que hay miedo, porque al ver tanto encubrimiento no sabemos cómo puedan actuar contra nosotras", expresó la madre de la joven.
Un mensaje para las mujeres y para las autoridades
Ambas hicieron un llamado a otras víctimas para que no callen y busquen apoyo, pese al dolor y la hostilidad institucional. Liz Rodríguez pidió especialmente a las madres que escuchen y respalden a sus hijas, mientras Susan apeló directamente a las autoridades para que no solo escuchen, sino que también crean a las víctimas.
"Presuntamente hay más chicas... Digo presuntamente porque ellas, por miedo, por temor, por el escrutinio público, no han ido a declarar como tal. Sin embargo, nos hicieron llegar por redes sociales, por Facebook, por Instagram, a ella personalmente se le acercaron en Campeche y le contaron y le platicaron lo que ellos habían hecho con ellas. Les estamos exhortando a que acudan al CJM a interponer su denuncia, porque también ellas son víctimas de estos agresores", contó.
"¿Cómo quieren que nosotras hablemos si al hablar no nos van a creer? ¿A las autoridades? ¿Cómo quieren o nos piden que nosotros no nos callemos de este tipo de delitos? Si al hacerlo público o al ir a denunciar nos van a juzgar", cuestionó Susan.
En la parte final del testimonio, dirigieron un mensaje a la presidenta de la República y a la gobernadora de Campeche, Layda Sansores. Pidieron que se revise el caso y se atiendan las más de 500 carpetas de investigación por violación abiertas en el estado. También exigieron que se cumplan las órdenes de aprehensión pendientes.
A 120 días del ataque, la demanda es clara: que se haga justicia, no solo para Susan, sino para todas las víctimas que han sido silenciadas por un sistema que sigue fallando.