Audio relacionado
En medio de una creciente polarización política en Estados Unidos, las tensiones entre el gobierno federal encabezado por el presidente Donald Trump y el estado de California se han intensificado por el uso de la Guardia Nacional en operativos migratorios. La reciente decisión del expresidente de enviar militares sin el consentimiento estatal ha detonado una oleada de críticas desde el ámbito legal y político, especialmente por parte del gobernador Gavin Newsom.
En entrevista con MVS Noticias, la abogada Jasmin Singh, especialista en derecho migratorio, ofreció una lectura crítica de la situación, advirtiendo sobre la legalidad de las acciones del expresidente y sus consecuencias para la comunidad migrante.
Despliegue militar sin consenso
California, uno de los estados con una postura más abierta y protectora hacia las personas migrantes, ha sido escenario de operativos recientes donde la Guardia Nacional apareció sin haber mediado un acuerdo previo con el gobierno local. Según la abogada Jasmin Singh, esta acción representa un claro exceso de poder:
Te podría interesar
“La ley dice que un presidente tiene que hablar con el Estado y juntos los dos tienen que estar de acuerdo antes de mandar el militar”, explicó Singh.
El gobernador Newsom no solo ha rechazado el despliegue, sino que también ha iniciado una demanda contra el gobierno federal por abuso de ley. En palabras de Singh, esta maniobra presidencial evidencia una confrontación ideológica profunda:
Te podría interesar
“Estamos viendo un choque de ideología entre el presidente y un Estado que es bastante liberal y más o menos apoyando a los inmigrantes”.
¿Tiene Trump sustento jurídico con las redadas?
Aunque Trump ha intentado justificar sus acciones como parte de una política migratoria más estricta, la especialista considera que las medidas carecen de una base legal sólida, particularmente en el uso de fuerza militar:
“El parte de mandar la Guardia Nacional a California no es legal”, subrayó Singh, recordando que estas decisiones deben contar con el consentimiento del gobernador.
En cuanto a las redadas y detenciones de personas indocumentadas, Singh señaló que estas solo proceden legalmente si el migrante lleva más de dos años en el país y existe un procedimiento formal ante un juez de inmigración. De lo contrario, se corre el riesgo de violar derechos fundamentales.
Protestas, violencia y deportaciones: las consecuencias legales
La escalada de tensiones también se ha manifestado en las calles con protestas que, en algunos casos, han derivado en disturbios. Singh puntualizó que si bien el derecho a la manifestación está protegido en EE.UU., hay una delgada línea que, al cruzarse, puede implicar delitos graves:
“Cuando empiezan a violar la propiedad, causar problemas o hacer una situación donde las personas se pueden lastimar… ahí se cruzó a una forma de protesta que ya es ilegal”, advirtió.
Este contexto representa un riesgo elevado para los migrantes, especialmente los indocumentados, quienes podrían enfrentar procesos de deportación o cargos penales si se les relaciona con actos violentos en manifestaciones.
Recomendaciones para los migrantes mexicanos
Finalmente, Singh llamó a la prudencia y a la información como herramientas clave ante este escenario hostil. Aconsejó que el gobierno mexicano, a través de su red diplomática, informe a sus ciudadanos sobre los derechos, pero también sobre los riesgos de participar en protestas que escalen en violencia:
“Si tienen documentos pueden tener un delito que lleva a la cárcel por más de seis meses; si son indocumentados, pueden ser deportados. Entonces hay consecuencias si las protestas llegan a un nivel crítico”.