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En medio de fuertes críticas y preocupaciones sobre su impacto en la libertad de expresión, el Senado aprobó recientemente una reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones que ha sido catalogada como una "ley censura". Para Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para México y Centroamérica, la iniciativa no representa un avance en términos de derechos ni de autonomía, sino todo lo contrario, un paso hacia un modelo de vigilancia masiva y concentración de poder en el Ejecutivo.
Maldonado destacó en entrevista con Manuel López San Martín para MVS Noticias que si bien se eliminó el polémico artículo 109, que habilitaba la suspensión o baja de plataformas digitales, la nueva estructura regulatoria no garantiza independencia. “El tema sigue siendo el órgano regulador, el problema central”, explicó.
Aunque se sustituye la figura unipersonal por un consejo de cinco integrantes, “todas supeditadas, dependientes del Ejecutivo”, lo que implica que la autonomía se diluye.
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¡Más poder y menos libertad!
"Estamos hablando de la libertad de expresión, de lo que se puede o no hacer en plataformas digitales, de lo que se puede o no decir en medios de comunicación", subrayó. Para Maldonado, el nuevo esquema no es una simple reorganización administrativa, sino un cambio profundo en la forma en que el Estado controla la información y supervisa a los ciudadanos.
Además, alertó sobre la combinación de esta reforma con otras leyes que fortalecen la capacidad de vigilancia del gobierno. "Lo que estamos viendo es que se termina de cerrar o de consolidar un sistema de vigilancia masiva", señaló. Según explicó, la ley obliga a facilitar la geolocalización en tiempo real y permite el acceso irrestricto a bases de datos públicas y privadas. Esto se complementa con la plataforma única de identidad, donde el CURP con datos biométricos será necesario para trámites incluso con privados.
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"Esto dista mucho de ser una buena noticia", advirtió. Aunque se trate de un órgano colegiado, “serán cinco, pero las cinco van a depender del Ejecutivo”. La situación se agrava, dijo, porque quienes deseen impugnar la ley se enfrentarán a un poder judicial que, en sus palabras, “ya está capturado por Morena”.
Finalmente, Maldonado cuestionó la narrativa oficial que minimiza los riesgos al argumentar que la ley respeta derechos de audiencias y de infancias. "La ley puede ser parecida en estos términos… pero en manos de quién, ¿no? Y quién va a tomar la decisión y bajo qué criterio. Eso es lo importante", concluyó.