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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Carla Humphrey Jordan, consejera del INE, mencionó si se está abusando de la figura de violencia política de género.
Humphrey hizo un llamado a evitar el uso excesivo o malinterpretado de la figura de violencia política de género, al mismo tiempo que defendió los avances logrados en la materia y subrayó la importancia de continuar con una evaluación caso por caso.
“La violencia política de género nos ha llevado muchos años definirla legalmente. No fue sino hasta 2020 que se tipificó como delito. Antes, veíamos los casos, pero no había cómo sancionarlos”, señaló.
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¿Cuándo se incorporó la paridad de género en la Constitución?
La consejera recordó que fue en 2014 cuando se incorporó el principio de paridad de género en la Constitución, obligando a los partidos políticos a incluir al menos a la mitad de mujeres entre sus candidaturas. A partir de ahí, explicó, comenzaron a documentarse diversas formas de violencia contra las mujeres. “Claramente el tema era que no las querían en las listas, no las querían como candidatas”, afirmó.
Con la definición legal, se establecieron 22 causales distintas para identificar violencia política en razón de género. “Cualquier acción u omisión que limite el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres puede constituir violencia política, ya sea en espacios públicos o privados”, detalló.
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¿Cuál es la diferencia entre la violencia y la libertad de expresión?
Sin embargo, Humphrey advirtió que también se deben considerar los límites entre la violencia y la libertad de expresión. “Siempre vamos a estar en ese límite que debe juzgarse entre la libertad de expresión, la rendición de cuentas y el estándar de protección que tenemos como funcionarias y funcionarios públicos”, expresó.
En este sentido, mencionó casos recientes, como el de la académica Denise Dresser, que evidencian la necesidad de un análisis cuidadoso para evitar que la figura de violencia política se convierta en una herramienta para censurar la opinión pública. “Me parece que establecer un único estándar para analizar todos los casos es muy complicado. El análisis debe ser casuístico”, agregó.
Humphrey también se refirió a los obstáculos que enfrentan las mujeres al denunciar violencia. “La Constitución exige una sentencia firme para probar que una mujer fue violentada, lo cual es inalcanzable en un país con más del 90% de impunidad”, criticó.
Finalmente, Humphrey reconoció haber sido víctima de violencia política, pero nunca interpuso una denuncia, confiando en que el equilibrio vendrá con más conciencia y responsabilidad. “Debemos evaluar a las funcionarias y funcionarios por su desempeño, no por factores externos. Esa es una democracia real”, concluyó.