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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Mariana Calderón, directora general del Consejo Nacional de Litigio Estratégico, mencionó por qué el juez ordena garantizar agua limpia, transparencia y prevención ambiental a vecinos de la alcaldía Benito Juárez.
Un juez federal resolvió que diversas autoridades de la Ciudad de México incumplieron con su deber de garantizar el acceso a agua potable y segura en la alcaldía Benito Juárez, tras una denuncia ciudadana por contaminación del suministro.
La sentencia, resultado de un litigio estratégico impulsado por el Consejo Nacional de Litigio Estratégico (CNLE) y el despacho Lamoglia y Asociados, obliga a las instituciones responsables a remediar el daño, informar públicamente sobre lo ocurrido y prevenir futuros riesgos ambientales.
¿Por qué el juez ordena garantizar agua limpia a vecinos de la alcaldía Benito Juárez?
Calderón explicó que el caso surgió tras denuncias de vecinos que reportaron agua contaminada con olor fétido y aspecto aceitoso. “Fue increíble. Los vecinos se encontraron ante una situación inverosímil: salía agua con una especie de grasa que olía mal. No sabían qué era, pero era agua con pH para consumo humano”, declaró Calderón.
A pesar de las denuncias, las autoridades no ofrecieron información clara ni actuaron con celeridad. “Hicieron pruebas, pero las reservaron. Nunca le dieron a las vecinas y vecinos información sobre qué pasaba en ese momento”, denunció Calderón.
Ante la falta de respuesta, el CNLE promovió un juicio de amparo contra autoridades como el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex), la Secretaría de Salud, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, y la Procuraduría Ambiental.
Tras un año de proceso judicial, el juez concluyó que las instituciones fallaron en su deber de garantizar el derecho humano al agua segura. “Es un gran precedente. Reconoce la existencia del problema y ordena que esto no vuelva a suceder”, afirmó la directora del CNLE.
La sentencia obliga a las autoridades a:
- Realizar inspecciones técnicas inmediatas a toda la infraestructura hidráulica y suelos.
- Ejecutar medidas de remediación y saneamiento para eliminar cualquier contaminante.
- Implementar mecanismos de monitoreo y análisis del agua.
- Divulgar públicamente los resultados de los estudios realizados.
Además, el fallo establece que las autoridades deben cumplir con las Normas Oficiales Mexicanas sobre calidad del agua y coordinar acciones de salud pública. Calderón destacó que la sentencia también reconoce que las autoridades no brindaron información veraz ni completa, ni supervisaron adecuadamente la infraestructura.
Aunque las autoridades pueden apelar la resolución, el CNLE espera que cumplan sin recurrir a más instancias. “Lo único que les está ordenando el juez es que cumplan con sus obligaciones. Esperamos que empiecen a dar a conocer la información porque hoy ya tienen una sentencia que los obliga a hacerlo”, subrayó.
Finalmente, Calderón resaltó la relevancia del litigio estratégico como herramienta para que la ciudadanía exija sus derechos. “A través del poder judicial, las y los ciudadanos podemos presionar y obligar a que las autoridades cumplan. Por eso esto es tan importante”, concluyó.