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En entrevista para MVS Noticias con Citlali Saenz, en ausencia de Pamela Cerdeira, Yesenia Valdez, coordinadora de Defensa Integral de la Fundación para la Justicia, habló de la suspensión del proceso contra Francisco Garduño por el incendio en la estación migratoria de Ciudad Juárez, Chihuahua.
La indignación crece tras la confirmación del Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito en Ciudad Juárez de la suspensión condicional del proceso penal contra Francisco Garduño, actual comisionado del Instituto Nacional de Migración (INM), por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido en marzo de 2023 en la estación migratoria de esta ciudad, donde murieron 40 personas migrantes y 27 más resultaron heridas.
Organizaciones defensoras de derechos humanos como la Fundación para la Justicia, Derechos Humanos Integrales en Acción, el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI) y la Clínica Jurídica Al-Aide FOPA, denunciaron en un comunicado conjunto lo que consideran un ejemplo claro de justicia selectiva e impunidad institucional.
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“Una suspensión con efectos de absolución”
Yesenia Valdez criticó duramente la resolución judicial: “Es muy lamentable que un tribunal colegiado haya determinado de esta forma. Lo que hace es confirmar lo que le otorgó un juez de control a favor de Francisco Garduño: una suspensión condicional del proceso”.
La medida permite que Garduño evite un juicio penal mientras cumple con ciertos requisitos durante un periodo de 18 meses. De hacerlo, su caso se considerará cerrado, con efectos similares a una sentencia absolutoria. “Esto significa que, a diferencia de otros 11 imputados que sí enfrentarán juicio, Garduño obtiene un beneficio legal por haber sido imputado solo por ejercicio ilícito del servicio público, un delito menor”, explicó Valdez.
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Irregularidades en la investigación y exigencia de justicia
La defensora también subrayó las irregularidades que han empañado todo el proceso: “Estamos ante una investigación que seguimos exigiendo que sea exhaustiva y con perspectiva migratoria. No se han esclarecido puntos clave, como por qué había colchonetas flamables, por qué no había ventilación o llaves, y por qué se tenía a personas migrantes encerradas como si fueran delincuentes”.
Valdez también señaló que el trato legal recibido por Garduño contrasta con el de otros funcionarios: “A él se le imputó un delito menor, mientras que a funcionarios de menor nivel se les ha imputado homicidio calificado. Eso refleja una investigación parcial, lejos de ser imparcial o justa”.
El próximo relevo en el INM, con la llegada de Sergio Salomón como nuevo comisionado a partir del 1 de mayo, abre una puerta a posibles cambios. Sin embargo, Valdez advirtió: “El hecho de que Francisco Garduño ya no sea comisionado no significa que no se le deba seguir exigiendo responsabilidad. Todavía tiene pendiente ofrecer una disculpa pública y cumplir con una reparación integral a las víctimas”.
La expectativa de las organizaciones es clara: se necesita una investigación real, independiente y sin encubrimientos. “Esperamos que con el nuevo comisionado se acabe con la corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración. No podemos permitir que este caso quede como otro ejemplo más de impunidad en México”, concluyó.