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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, Luis Fernando García, director de la Red en Defensa de los Derechos Digitales, explicó por que el Gobierno Federal anuncia la creación de CURP con fotografía y huellas dactilares.
Ante este hecho, el director expresó una postura crítica ante la iniciativa, argumentando que el gobierno utiliza el problema de los desaparecidos como una excusa para impulsar una agenda que conlleva serios riesgos para la privacidad y la seguridad de los ciudadanos.
¿Cuáles son los riesgos de una base de datos biométrica?
García advirtió que crear un sistema que almacene información biométrica de toda la población representa un peligro significativo, ya que el gobierno ha demostrado ser incapaz de proteger bases de datos sensibles. "Hace apenas unos días se reveló que en un foro en internet se está vendiendo una mega base de datos construida a partir de varias bases vulneradas, muchas de ellas públicas".
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Además del riesgo de vulneraciones de seguridad, existen antecedentes de abuso estatal en el manejo de herramientas de vigilancia. "Se ha documentado ampliamente el abuso por parte del estado de herramientas tecnológicas de bases de datos de espionaje que ha permanecido en la impunidad por años", explicó.
¿En qué otros países se ha llevado a cabo este registro?
Comentó que en otros países han mostrado cómo estos sistemas pueden derivar en regímenes de control autoritario. "Esto ha pasado en India, en China y en varios países de África, donde los números de identificación únicos han facilitado la vigilancia masiva, la represión de manifestantes y la discriminación en el acceso a servicios", advirtió. En contraste, naciones como Reino Unido y Estados Unidos han rechazado la implementación de registros de este tipo precisamente por sus riesgos.
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El director de R3D también destaca que la CURP biométrica no es una solución real al problema de desapariciones en México. "No es como que cuando nos vengan a desaparecer le vamos a mostrar nuestra CURP y nos van a dejar ir", criticó. La solución, señala, debería enfocarse en mejorar la capacidad del Estado para investigar y prevenir desapariciones, en lugar de recolectar datos de toda la población.
Finalmente, García subraya que la medida es inconstitucional y violatoria de derechos humanos, ya que no existe evidencia que justifique su necesidad. "Se está impulsando una reforma que suspende la justicia constitucional por seis meses hasta que se creen jueces especializados en protección de datos. Mientras tanto, las personas quedarían indefensas ante el abuso del gobierno", concluyó.