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En entrevista con Pamela Cerdeira, para MVS Noticias, el ingeniero Juan Carlos Castro, vocero de Víctimas Unidas y la licenciada Alejandra Galván, vocera de la Plataforma Nacional de Víctimas, contaron como los colectivos de búsqueda advierten que la propuesta del Gobierno Federal para atender desapariciones refleja desconocimiento de mecanismos ya existentes.
La reciente iniciativa del Gobierno Federal para abordar la crisis de desapariciones en México ha sido severamente cuestionada por colectivos de búsqueda, quienes consideran que refleja un desconocimiento de los mecanismos ya existentes.
¿Cuál es la historias de búsqueda?
El testimonio de familiares de desaparecidos da cuenta de la magnitud del problema. Alejandra Galván, integrante de la Plataforma Nacional de Víctimas, busca a su hermano Adrián, desaparecido el 16 de enero de 2012. Juan Carlos Castro, vocero de Víctimas Unidas, denuncia que a sus dos hijas, esposa y empleada doméstica se las llevaron de su domicilio el 6 de enero de 2011 y desde entonces no tiene noticias. Estas historias reflejan una realidad dolorosa que, según los colectivos, está lejos de resolverse con las nuevas propuestas gubernamentales.
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Crítica a la estrategia del Gobierno
Aunque los colectivos reconocen la intención de fortalecer los esfuerzos de búsqueda, critican que las medidas anunciadas parecen ser una repetición de estrategias previas sin resultados contundentes. "Celebramos que se haga algo, pero lo que prometen hacer ya se había trabajado con administraciones anteriores. Algunos avances se lograron, otros fueron simulaciones. Parece que los actuales funcionarios desconocen lo que ya se había implementado", mencionó Castro.
Uno de los puntos más controversiales es la intención de crear una nueva base de datos de desaparecidos, cuando ya existía un esfuerzo similar que logró localizar a 404 personas e identificar a 1,500 más. "Ese esfuerzo fue desmantelado por las propias autoridades", agregó Galván, señalando a funcionarios de diferentes administraciones.
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¿Cuáles han sido las denuncias de corrupción?
Otro de los reclamos recurrentes es la designación de personal sin experiencia en investigación dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda. "La titular proviene de Bienestar y contrató a personas sin el perfil adecuado, incluyendo a un contador como director de identificación", denunció Alejandra. Además, los colectivos han reportado casos de presunta corrupción dentro de estas instituciones. "Se han denunciado casos donde les piden 20 mil pesos y una camioneta a las familias para ofrecerles ayuda en sus búsquedas. Esto es inaceptable", afirmó la licenciada.
Desmantelamiento de esfuerzos previos
En el pasado, la Comisión Nacional de Búsqueda había estructurado un centro de identificación humana para cotejar ADN de familiares con restos hallados en fosas clandestinas. "Cuando vino el comité de la ONU, armaron un centro de identificación humana. Cuando se fueron, lo desmantelaron", denunció Castro.
A pesar del anuncio de la creación de nuevas plazas dentro de la Comisión, los colectivos afirman que muchas de estas fueron eliminadas poco después. "Anunciaron 240 plazas y luego desaparecieron 100. Además, mandan personal sin equipo adecuado ni herramientas para hacer su trabajo", mencionó Galván.
¿Qué exigen a la presidenta Claudia Sheinbaum?
Ante esta situación, los colectivos han enviado un comunicado a la Presidencia para exigir acciones concretas. "No buscamos controversia, pero queremos que la presidenta escuche a las víctimas. Llevamos años pidiéndole una reunión y solo hemos recibido indiferencia", indicó Alejandra.
Entre sus exigencias, destacan que la crisis de desapariciones se incorpore a la agenda nacional y se deje de politizar el tema de las víctimas. "Las desapariciones deben ser consideradas una emergencia nacional. Todas las autoridades han fracasado y es urgente que se coordinen para enfrentar esta crisis de manera seria", manifestó la vocera de la Plataforma Nacional de Víctimas.
Los colectivos también criticaron la falta de voluntad política para resolver el problema. "Las autoridades saben lo que pasa, pero no quieren hacer nada por no comprometerse ni perder privilegios. Necesitamos que dejen de usar a las víctimas con fines políticos y que realmente se enfoquen en encontrarlas", concluyó Galván.